Más de siete horas duró la audiencia cautelar de los cuatro aprehendidos por el caso del atentado en la universidad Tomas Frías de Potosí, al cabo de la misma el juez Segundo de Instrucción en lo Penal, dispuso la detención preventiva de los cuatro acusados en el penal de Cantumarca de esa ciudad.
“Sin entrar en mayores consideraciones de orden legal, el suscrito juez Segundo Cautelar en lo Penal dispone, en contra de los imputados, la detención preventiva a cumplir en el penal de Cantumarca de esta ciudad por el tiempo de seis meses que se cumpliría en fecha 11 de noviembre de 2022”, leyó en su resolución la autoridad.
Milton Fuentes Apaza (35), Juan Quispe Guzmán (40), Manfred Flores Canaza(25) y Mauricio Quintanilla Rojas (26) fueron acusados de homicidio, lesiones graves y leves, tenencia y porte o portación ilícita y tráfico ilícito de armas. Todos están vinculados al atentado con granada de gas en la asamblea de estudiantes el lunes donde fallecieron cuatro universitarias.
La Fiscalía había pedido la aplicación de los seis meses de reclusión para los cuatro acusados y dijo que los delitos por los que se los acusa pueden ser ampliados conforme avanza la investigación.
La defensa de los imputados había ensayado dos incidentes para detener la audiencia, pero los mismos fueron resueltos y luego el juez dispuso el inicio de la audiencia cautelar. Los defensores intentaron revertir la situación para sus clientes, presentaron documentos para desvirtuar los riesgos, pero fueron vanos los intentos.
La cesación a la detención será considerada el 3 de noviembre, según la decisión del juez, audiencia que se realizará a las 15:00.
Aunque los abogados defensores plantearon la apelación correspondiente para sus clientes, pues consideran que no merecían ser detenidos preventivamente.
Fue una audiencia accidentada, pues el periódico El Potosí denunció que el juez mandó a expulsar a su periodista y también manipularon la grabadora del comunicador para borrar el audio de la audiencia. El juez negó que se haya instruido borrar el audio y dijo que se devolvió el equipo tal como fue encontrado.
La sesión estuvo fuertemente custodiada por la Policía que desplegó efectivos desde la ciudad de Oruro para reforzar la seguridad ante la cantidad de universitarios que permanecían en puertas del juzgado durante todo el día.
Grupos de familiares de las estudiantes fallecidas lograron llegar hasta las celdas judiciales y reclamaron por la protección que reciben de la Policía. Los familiares afirmaron que los acusados ingresaron a la universidad a servirse de estudiantes que buscan profesionalizarse.
“¿Es justo que les hagan ese daño? Esto es un químico (granada de gas) que solo la Policía y el Ejército lo tiene. Mi sobrina ha fallecido, ¿quién me la va a devolver?, esos criminales de la universidad la han matado, esos malditos no han entrado a estudiar, han entrado a servirse de la universidad”, reclaman los familiares de las víctimas fatales.