La citación es a las 10:00 en el Ministerio Público de Santa Cruz. El abogado de la familia espera que se actúe de forma correcta. El Comité pro Santa Cruz asegura que hay persecución política y se declara en emergencia
José Luis Camacho, el padre del gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, declarará esta mañana a las 10.00 en la Fiscalía cruceña en calidad de imputado por el caso Golpe I. Está acusado por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, y al finalizar su comparecencia, existe la posibilidad de que quede detenido para ser llevado a una audiencia cautelar como ocurrió con la expresidente Jeanine Áñez en marzo de 2021, por el mismo caso.
El martes, a la misma hora fue citado Luis Fernando Camacho. La acusación se basa en un video en el que el actual gobernador cruceño señaló que su padre “arregló” con militares y policías para que no respalden a Morales durante la crisis de los 21 días, tras el fraude electoral de 2019, lo que habría derivado, según la acusación de la exdiputada del MAS Lidia Patty, en la configuración de un golpe de Estado.
El empresario José Luis Camacho, padre del gobernador, desmintió que eso haya ocurrido. “Seguramente se refería a cuando acudí preocupado al Comité Cívico Pro Santa Cruz, por la estadía de mi hijo y por el temor de que lo podían matar en La Paz. Entonces me visitaron militares y ellos me dijeron: ‘no se preocupe doctor, nosotros sabemos que nuestras Fuerzas Armadas jamás van a tirar en contra del pueblo’”.
Esta declaración debía realizarse el 5 de octubre de 2021 en La Paz, pero la defensa de Camacho presentó certificaciones médicas que acreditaban que el acusado no podía viajar a esta ciudad, que está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, para prestar declaración, porque eso pondría en peligro su vida debido a la hipertensión y otras dolencias en su salud.
El abogado del gobernador y de su padre, José Luis Camacho, se excusó de conversar ayer con EL DEBER porque se encontraba en un encuentro familiar. Sin embargo, el viernes señaló a este medio que las autoridades son las responsables para que existan las debidas garantías de seguridad para todas las partes involucradas, es decir, tanto para los denunciantes, como para los denunciados.
“Evidentemente la coyuntura que tiene el caso da para reforzar algo que es esencial, que es proteger la vida del gobernador y su padre”, señaló el jurista.
Ante una posible aprehensión, el abogado Camacho señaló que no existen motivos para que esta ocurra; sin embargo, reconoce que este caso es particular: “En este tipo de procesos, porque son procesos políticos, de instrumentalización política de la justicia, siempre hay un riesgo de que venza la parcialización y exista algún tipo de complicación”.
Empero manifestó que tienen fe y la seguridad de que “se va a actuar de manera diligente, eficaz y correcta respecto a la declaración del gobernador y de su padre”.
Respaldo cívico
El Comité pro Santa Cruz emitió un pronunciamiento de respaldo a José Luis Camacho y Luis Fernando Camacho, ambos expresidentes de la entidad.
“Nos declaramos en estado de emergencia y convocamos al pueblo cruceño a acompañar a nuestros expresidentes y proteger la democracia y el estado de derecho”, indica el documento, que también condena que el MAS pretenda imponer la mentira.
Para la defensa de la expresidente Jeanine Áñez, la Fiscalía fue muy permisiva con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el caso Golpe de Estado I, lo que no ocurrió con la exmandataria. Además, conminó al Ministerio Público a investigar a las exlegisladores del MAS Adriana Salvatierra y Susana Rivero por su participación en las reuniones en la Universidad Católica Boliviana (UCB) en noviembre de 2019.
La Fiscalía descartó que Susana Rivero y Adriana Salvatierra vayan a ser incluidas en el proceso.
Ambas estuvieron en las reuniones del 10 al 12 de noviembre en la Universidad Católica, convocadas a pedido de exautoridades del MAS para pacificar el país por la Unión Europea y la Iglesia Católica. El secretario general del Ministerio Público, Edwin Quispe, señaló que no hay evidencias ni elementos de convicción para procesarlas aunque ambas estaban en la línea de sucesión, y no asumieron la presidencia. El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que no se las puede convocar porque actuaron de forma “correcta”.