El Gobierno postergó la encuesta nacional en momentos en los que la actualización cartográfica no registró avances
El portavoz de la presidencia, Jorge Richter, reveló ayer que el Banco Mundial (BM) cerró la posibilidad de brindar un apoyo financiero al operativo del censo, cuando la encuesta nacional fue programada para el 16 de noviembre de este año.
El presidente Luis Arce firmó el Decreto 4546 con el que declaró “de prioridad nacional” al censo de población y vivienda. La norma fue emitida el 21de julio de 2021 y se dio algo más de un año para llevar adelante el censo. Los plazos fueron demasiado ajustados.
“Allí no teníamos absolutamente nada en materia preparatoria. Entonces, se inicia el trabajo. Se toman los primeros contactos con los cooperantes y hay un tema importante: Uno de los cooperantes tenía que ser el Banco Mundial (BM) y cuando han visto el tiempo en el cual nosotros teníamos la intención que llevar adelante el proceso censal, ellos han retirado su intención de ser cooperantes. Por eso no está el Banco Mundial; está Fomplata, el BID y el TGN (El Tesoro General de la Nación)”, explicó el portavoz.
Señalo, además, que cuando se firmó esa norma “se instaló” en los climas de opinión la urgencia de llevar adelante el pacto fiscal y la reasignación de los escaños y una presión regional, ejercida especialmente, desde Santa Cruz para que se realice la encuesta. Richter precisó que en ese tiempo se priorizó “la coordinación con los municipios” y destacó que luego se promovió la participación de las universidades, sobre todo para agilizar los procesos de empadronamiento.
Tras la negociación con los organismos internacionales, el Legislativo aprobó los préstamos para el censo el 7 de julio. Avaló así un préstamo total por $us 100 millones que será empleado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el censo, así como para otros estudios. Con la operación, se completó el presupuesto de la gran encuesta que, en principio, debió realizarse en noviembre.
Los recursos provendrán del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa de Fortalecimiento del Sistema Estadístico del Estado. El contrato de préstamo establece que el 26,40% ($us 26,4 millones) será destinado al censo y el 73,60% ($us 73,6) a otras encuestas y los programas de fortalecimiento del INE.
Cuatro días después, el presidente Arce se reunió con el Consejo Autonómico para acordar la postergación del censo. En la reunión se reveló que el INE no había avanzado en la actualización cartográfica, un paso esencial para poder desarrollar la encuesta y varios otros procesos ya estaban demorados.
“El Gobierno central debe responder por qué, desde la vigencia del Decreto 4546 del 21 de julio 2021, el INE no hizo su trabajo para realizar el censo el 16 de noviembre del 2022”, afirmó el constitucionalista José Luis Santistevan, asesor del Comité Interinstitucional impulsor del Censo.
El abogado remarcó que por estos hechos “no existe un sustento técnico para haber postergado el censo por dos años”. Lamentó que no se hayan publicado los informes técnicos que justifiquen esa demora y que, ante este escenario, se propuso como una fecha posible que el censo se realice el primer semestre de 2023.