La ausencia del gobernador Camacho o de algún delegado de su institución y la violencia en La Guardia afectaron las negociaciones que estaban encaminadas el martes. Ahora, el Gobierno asumió la decisión de decidir la fecha del censo en una mesa técnica con organismos internacionales.
El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, reconoció que hubo conversaciones con el Gobierno sobre el conflicto por el censo y que la abrogación del Decreto 4760, para ser reemplazado por otra norma, formaba parte del paquete.
Este acercamiento se produjo el martes, cuando se produjeron los violentos sucesos en La Guardia. De hecho, según Cuéllar, esto afectó la continuidad de las conversaciones, pero también la ausencia del gobernador Luis Fernando Camacho o de un delegado de su institución.
“Había puntos coincidentes bajo los cuales deberíamos sentarnos a discutir y esos puntos pasaban por la abrogación del Decreto 4760 y que un (un nuevo) decreto establezca cuando se iban a conocer los resultados y desde cuándo se iban a repartir los recursos”, afirmó Cuéllar.
“La reunión (del martes), en la que participaron los miembros del Comité Cívico, solamente faltaba que la Gobernación acredite un delegado y por eso no continuamos, pero además porque las condiciones no estaban dadas. Había enfrentamientos en La Guardia, además de detenidos. Bajo esa tensión, nosotros no podíamos reunirnos”, precisó el rector de la Uagrm.
Tras este intento de diálogo que no logró prosperar, el portavoz de la Presidencia, Jorge Richter, anunció el miércoles la instalación de “una mesa técnica” que definirá la fecha del censo, que es el nudo del conflicto que estalló hace tres meses y que provocó un paro indefinido en Santa Cruz y que hoy cumple 13 días.
Esa extrema medida se decidió durante un multitudinario cabildo que tuvo lugar el 30 de septiembre a los pies del monumento Cristo Redentor.
Richter afirmó que hubo coincidencias en estas conversaciones y que de ellas había participado Cuéllar, además del primer vicepresidente del Comité Cívico, Fernando Larach. También admitió que hubo contacto telefónico con Rómulo Calvo, el líder de los cívicos.
Se había previsto reinstalar las conversaciones ayer, pero no hubo ningún acercamiento durante el feriado. “No podemos resolver un conflicto cuando establecemos una mesa y las condiciones cambian casi de forma inmediata. El martes había coincidencias: diálogo sin condiciones, pero ahora el diálogo es con condiciones. Ese es un cambio radical”, dijo Richter.
Durante el feriado de Todos Santos, Calvo pidió que cese la violencia policial y Cuéllar estuvo en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para abogar por los ocho vecinos detenidos durante los hechos violentos del martes. La Policía, en cambio, no reportó sospechosos de la golpiza que el martes sufrió un periodista de la red Unitel.
“No podemos desconocer que vivimos un clima de tensión. Por un lado, hay un cerco, además, hay personas que están avanzando para tomar Santa Cruz, para generar confrontaciones, pero hay un pueblo que se está sacrificando durante todos estos días y nosotros debemos evaluar el sacrificio que está haciendo el pueblo”, señaló Vicente Cuéllar.
Aclaró que para que se reinstale el diálogo, no deberían haber detenidos y el cerco a Santa Cruz debe levantarse.
Mesa técnica
El presidente Luis Arce, a través de su cuenta en Twitter, anunció que el diálogo sigue activo. “Siempre convocamos al diálogo y la invitación permanece abierta, porque confiamos en que es el mejor mecanismo para la solución de conflictos», apuntó
“Con la instalación de la comisión técnica que decidirá la fecha del Censo, damos certidumbre a la población sobre la ejecución y calidad del proceso censal. Exhortamos a deponer cualquier medida de presión que atente contra la reconstrucción de Santa Cruz”, añadió el Jefe de Estado.
A su vez, Cuéllar sostuvo: “Aquí estamos, los miembros del equipo técnico. Si nos cursan la invitación, ahí vamos a estar. Seguimos sosteniendo que el censo sí se puede realizar el año 2023. Se ha hecho todo el análisis jurídico y tenemos los elementos que sustentan nuestra propuesta”.
El conflicto por el censo estalló el 13 de julio de este año cuando el presidente Luis Arce aprobó el Decreto 4760 que fijó como fecha de la encuesta un día entre mayo y junio de 2024. La norma dejó sin efecto otro decreto, el 4546, que había declarado al censo de “prioridad nacional” para que se haga realidad el 16 noviembre de este año.
Hasta abril de este año, incluso Richter, garantizó la encuesta bajo ese fallido calendario que fue elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Según el plan inicial del INE, los resultados de la encuesta se iban a conocer el 2025, dos meses antes de las elecciones generales. Ante la protesta, el Gobierno ofreció adelantar los resultados para octubre de 2024 y con esos datos comenzar con la redistribución de recursos, según la nueva realidad democrática del país.
El Gobierno asegura que no existe la viabilidad técnica de hacer el censo en 2023, como lo señala la Uagrm, pero ofreció adelantar la encuesta para abril de 2024. Otros actores, como el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, sugirió hacerlo en diciembre de 2023, pero esa es la época de zafra de castaña que moviliza a cerca de 8.000 familias a la selva amazónica del país.
Ante este escenario, Cuéllar dijo que se ha puesto a conocimiento del Concejo
Universitario todas las negociaciones y esa entidad tomará una postura. “Nunca vamos a cerrar las puertas del diálogo”. Finalmente, negó fisuras al interior del Comité Interinstitucional que preside.