El director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, anunció este domingo que el nuevo interventor será designado en coordinación con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
La muerte de Carlos Colodro genera muchas dudas, no solo en el avance de las investigaciones, sino también porque aún no se sabe quién se hará cargo del trabajo del extinto interventor del Banco Fassil. El Gobierno analiza los perfiles profesionales en una comisión liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, cabeza del sector.
El director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, anunció este domingo que el nuevo interventor será designado en coordinación con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
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“Ante su deceso, es necesario nombrar un nuevo interventor, hemos conversado con el ministro de Economía y Finanzas Públicas (Marcelo Montenegro), hay que analizar la situación y una vez que se designe el nuevo interventor se va a continuar con el trabajo”, explicó.
Sin embargo, no hay un plazo. Yujra dijo que la nueva autoridad será designada “lo antes posible”.
En mesa quedan pendientes dos tareas clave: cancelar los sueldos y beneficios a los trabajadores y continuar con el análisis e investigación de los estados financieros del extinto Banco Fassil.
Colodro había anunciado el viernes que desde este lunes 29 de mayo se iba a realizar el pago de salarios a los trabajadores, que se movilizaron para ese fin.
Ahora, todo queda suspendido tras su extraña muerte. El sábado cayó desde el piso 15 de un edificio en el barrio Equipetrol que albergaba oficinas de Fassil, sede del interventor.
Se conoce que Colodro llegó hasta ese lugar para afinar los detalles del pago a los trabajadores de Fassil.
Un grupo de agentes especiales y una comisión de fiscales indaga el caso en medio de mucha incertidumbre y varias hipótesis.
Más de 4.000 personas están afectadas tras la disolución de Fassil. La ASFI intervino la entidad financiera el 26 de abril luego de detectar que no podía cumplir con la devolución de ahorros a más de 60 personas.
Además, están pendientes la venta de los bienes inmuebles de la entidad financiera, así como el cierre de la operación del fideicomiso con el que se están entregando los recursos a los ahorristas y que está bajo administración del Banco Unión.
La ASFI puntualizó en su momento que la intervención se extendería por un periodo de 30 días calendario, en un plazo prorrogable por una sola vez.