En contra:
- Las patentes sirven de incentivo a las empresas farmacéuticas para la investigación y la innovación. Las empresas pueden utilizar los ingresos logrados a través de las licencias, para recuperar sus gastos en investigación y protegerse de la competencia de productores genéricos baratos.
- Las licencias obligatorias no son adecuadas para las vacunas, porque solo se permiten temporalmente y para cantidades previamente definidas y, por lo tanto, no cubrirían las vacunaciones masivas. Así se estableció en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio de 1994, también conocido como el «Acuerdo sobre los ADPIC». Además, las disputas legales y las negociaciones en el caso de licencias obligatorias toman mucho tiempo e impiden la producción rápida de medicamentos.
- Las licencias obligatorias espantan a las empresas farmacéuticas a la hora de realizar inversiones y pueden dar lugar a sanciones. Por ejemplo, la empresa estadounidense Abbott retiró todas sus solicitudes de aprobación en Tailandia después de que se dictara una licencia obligatoria para un medicamento antirretroviral contra el SIDA en 2007. Como resultado, el cóctel antirretroviral Kaletra, recomendado como fármaco estándar por la OMS, no estuvo disponible en el país.
- Existen otras alternativas a las licencias obligatorias. Las empresas pueden emitir licencias voluntarias o temporales o firmar acuerdos de cooperación. En junio de 2020, AstraZeneca firmó un acuerdo con el mayor fabricante mundial de vacunas, el Serum Institute of India (SII). Esto permite a la empresa india fabricar mil millones de dosis de vacunas para países de bajos y medianos ingresos y sin licencia.
A favor:
- La Organización Mundial del Comercio (OMC) estipula que la propiedad intelectual y los derechos de patente pueden ser revocados temporalmente en situaciones excepcionales. El artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que, en caso de emergencia nacional, los Estados miembros pueden emitir licencias obligatorias para la producción de un descubrimiento importante para ellos. Este es el caso de la carencia de vacunas. Según la organización no gubernamental británica Oxfam, los países ricos, con el 13 por ciento de la población mundial, han comprado más de la mitad de la producción de vacunas planificada hasta ahora.
- Brasil y Tailandia adquirieron experiencia en materia de licencias obligatorias durante la pandemia del SIDA. La amenaza de Brasil de imponer una licencia obligatoria para la producción de los medicamentos antirretrovirales Efavirenz (Merck) y Nelfinavir (Roche) originó la reducción de precios del 60 por ciento en 2001. En 2007, se utilizó por primera vez una licencia obligatoria contra Merck, después de que fracasara la otra ronda de negociaciones sobre descuentos. En enero de 2006, Tailandia emitió licencias obligatorias contra Abbott, fabricante de Kaletra, y Sanofi-Aventis, fabricante de Plavix. Aunque Abbott posteriormente impuso sanciones, Tailandia fabricó los medicamentos contra el SIDA a bajo precio.
- Ya que que la investigación para el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19 se financia con fondos públicos, los resultados también deberían estar accesibles a la población. Además, no se puede conceder más valor al derecho a lucro de las empresas farmacéuticas que al derecho a la salud.
- Las licencias obligatorias surten más efecto que los llamamientos de organizaciones. La comunidad internacional ignoró en gran medida el llamamiento del 19 de mayo de 2020 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de crear una «plataforma tecnológica» global para los productos relacionados con el COVID-19, de modo que las vacunas, los medicamentos y los derechos de propiedad intelectual pudieran estar disponibles como bien público. También la iniciativa «COVID-19 Vaccines Global Access» (COVAX), lanzada por la OMS, y que tiene como objetivo ofrecer a los países el acceso a las vacunas independientemente de su poder adquisitivo, ha recibido muy poca financiación.