El Movimiento Al Socialismo (MAS) para imponer su teoría de presunto “golpe de Estado”, de que no hubo fraude electoral, recurre a al menos cinco argumentos sobre los hechos de 2019, pero distorsionándolos, sesgándolos, omitiendo elementos e incluso desconociendo que sucedieron. Además, en este propósito ha incurrido en varias contradicciones y se ha desdicho de declaraciones pasadas.  

En la versión del Gobierno y todos los sectores afines al MAS el informe de la OEA sobre las irregularidades en las elecciones de 20 de octubre de 2019 carece de validez, así como la resolución del Tribunal Constitucional, las renuncias verbales de las exautoridades, que provocaron un vacío de poder, y la sucesión constitucional, que se dio en el marco del Reglamento del Senado, para la Procuraduría General del Estado (PGE), Bolivia “sufrió una ruptura del orden constitucional como consecuencia de un golpe de Estado”.

“Para nosotros no hubo renuncia (Álvaro García Linera y otros) porque no se han cumplido los preceptos ni los requisitos que dice la sentencia constitucional. Esto está en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), nosotros nos basamos con las leyes en la mano, somos diputados serios”, afirmó el diputado Anyelo Céspedes del MAS, la semana pasada, al anunciar sobre la solicitud de Petición de Informe Oral al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez. 

“Ante un vacío constitucional corresponde la sucesión que se ha dado en nuestro país, no de una manera subjetiva, sino basados en criterios jurídicos normativos que respaldan esa posición, y ahora nos sorprende que desde una entidad tan importante en la estructura estatal (la PGE) se esté planteando un informe que está obviando todo esta cuestión que para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas es fundamental para no caer en una parcialización o una visión subjetiva de nuestro país”, dijo Susana Eróstegui, directora de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), al referirse al informe remitido por la

Procuraduría al Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos sobre los hechos de 2019. 

El relato del golpe de Estado, manejado por el MAS, ha sido utilizado para emprender una arremetida judicial contra la exmandataria, sus colaboradores, jefes policiales y militares. 

Fraude electoral

Luego de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 y ante el descontento de la sociedad que estalló por la “manipulación dolosa” de los resultados y “parcialidad del TSE”, la administración de Evo Morales solicitó a la OEA que realice un informe sobre la integridad del proceso electoral, que se desarrolló entre el 31 de octubre y 10 de noviembre de ese año. 

El organismo internacional emitió un informe en el que señala haber “identificado irregularidades” en las elecciones del 20 de octubre pasado, en las que Evo Morales fue declarado presidente para un cuarto mandato consecutivo. 

“El informe de la OEA señala que encontraron irregularidades en 226 actas. Incluso anulando el voto del MAS-IPSP en esas actas, la diferencia se mantiene por encima del 10%. El único fraude fue el de @OEA_oficial, cómplice del golpe de Estado, para instaurar un gobierno de facto”, escribió en su cuenta de Twitter Evo Morales desde su exilio.

Ante la evidencia de fraude expuesta por la OEA, el 10 de noviembre, Morales anunció que convocaría a nuevas elecciones “para que mediante el voto se permita al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades incorporando a nuevos actores políticos” y que se renovaría todo el órgano electoral. 

Dichos cambios no fueron suficientes para algunos gremios del país. La Central Obrera Boliviana, el Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana le pidieron a Morales que renunciara. Horas después, dimitió.

Tras la renuncia de Evo, también dejaron sus cargos el entonces vicepresidente, Álvaro García Linera, los miembros de su gabinete, así como los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. 

El 13 de noviembre, la exlegisladora opositora Jeanine Áñez se proclamó presidenta interina del país durante una sesión del Senado, de acuerdo a la sucesión constitucional. 

Para el procurador Chávez esto no sucedió porque no se instaló el pleno de la Asamblea Legislativa, por tanto, la asunción de Áñez a la presidencia se dio como consecuencia “de un golpe de Estado perpetrado por dirigentes cívicos, policías, militares, grupos parapoliciales” y esto derivó en un “periodo de represión de las protestas sociales y persecución política a dirigentes del MAS y exautoridades del gobierno de Evo Morales”.

Por lo que califica la gestión de la exmandataria como un “régimen de facto”, cuya forma de gobernar fue rechazada en las elecciones del 18 de octubre de 2020, en las que Luis Arce ganó con el 55,1% de los votos. “Ese porcentaje de preferencia electoral desvirtúa materialmente la narrativa del presunto fraude”, detalla el documento. 

Reglamento de debates

Otro argumento que utiliza el MAS, es que la expresidenta Áñez vulneró el reglamento de debates para hacerse del poder y que siendo segunda vicepresidente del Senado no le correspondía la sucesión constitucional, debido a que no existió  vacío de poder, porque las renuncias de las otras cuatro autoridades que debían sucederlo, no son válidas porque se hicieron de forma verbal bajo presión.

Pese a que el ahora presidente Luis Arce y el vocero presidencial, Jorge Richter, reconocieron en su oportunidad que hubo una sucesión constitucional, hecho que fue respaldado por un comunicado del TCP, ahora se desdicen. Arce al sostener que no conoce las leyes y Richter que fue malinterpretado.

El TCP, en la línea del MAS, después de haber emitido un comunicado que respaldaba la sucesión constitucional, señaló ante los dos tercios del MAS que “es un comunicado que no tiene ninguna relevancia jurídica. El Código Procesal Constitucional solamente reconoce como vinculante las sentencias constitucionales plurinacionales (…)”.

El proceso de transición democrática, que estuvo presidido por Áñez, culminó con la realización de las elecciones del 18 de octubre de 2020, en el que se eligió al presidente, vicepresidente, senadores y diputados para el periodo 2020-2025,  y la entrega del Gobierno nacional al presidente electo, Arce, el 8 de noviembre de 2020. 

ÁÑEZ DENUNCIADA POR SUCESIÓN 

El Ministerio Público admitió una nueva denuncia penal contra la expresidenta Jeanine Áñez por irregularidades en la sucesión presidencial en 2019. La demanda fue interpuesta por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez 

“Los indicios son los que se han recabado por parte de la Asamblea Legislativa, en relación a la prolongación de su mandato como presidenta del Senado, como también así la proclamación de presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia”, informó el fiscal coordinador de la Fiscalía de La Paz, Sergio Bustillos. 

Los delitos identificados son: sedición, conspiración, atribución de los derechos del pueblo, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y a las leyes, anticipación o prolongación de funciones, asociación delictuosa e incumplimiento de deberes.

“He presentado esta denuncia de manera formal contra la señora Jeanine Áñez en razón de los actos cometidos, por la denunciada, los días 8, 9, 10, 11 y 12 de noviembre de 2019”, señaló Rodríguez en su momento.

UNIÓN EUROPEA SOBRE EL FRAUDE

– La Unión Europea (UE) luego de conocer los sucesos y el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció que “la falta de transparencia y credibilidad de las autoridades bolivianas y sus tentativas de fraude, que han menoscabado el derecho de los bolivianos a elegir libre y democráticamente a su presidente”, considera que la tentativa de fraude electoral constituye un delito grave, recuerda que con arreglo a la legislación boliviana, las elecciones deben declararse nulas y que las personas y organizaciones implicadas en tales procesos ilegales deben quedar excluidas automáticamente de los órganos electorales.

– Acoge con satisfacción la labor mediadora de la Unión Europea y de la Iglesia católica para propiciar un acuerdo entre las partes sobre la celebración de elecciones libres, inclusivas y transparentes dentro del plazo establecido y de conformidad con la Constitución boliviana.

Esos son dos puntos de los 11 aprobados, el 29 de noviembre de 2019.

CONTINUIDAD DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO

Después de la instalación del gobierno transitorio de Áñez todos los órganos del Estado siguieron funcionando.

– El sistema judicial continuó con las mismas autoridades que habían sido electas por voto popular, para conformar los altos tribunales en las elecciones, en diciembre de 2017. 

– Igualmente, continuó en sus funciones el fiscal general del Estado, electo por la Asamblea Legislativa controlada por el MAS, en octubre de 2018.

– El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue reconstituido el 20 de diciembre de 2019, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y en la ley 1266.  A partir de ese momento, el Órgano Electoral asumió plena autoridad para organizar las elecciones. Fue quien definió el cronograma de las elecciones y su fecha de realización, así como las postergaciones por la pandemia de la Covid-19, en decisiones que fueron respaldadas por la aprobación de nuevas leyes por la Asamblea Legislativa.

LEGISLATIVO DA LEGALIDAD

– No hubo golpe de Estado, sostienen políticos y analistas y que prueba de ello es que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) continuó funcionando a partir de la presidencia de Jeanine Áñez. El 14 de noviembre de 2019, la senadora Eva Copa fue elegida presidenta del Senado, en representación del Movimiento Al Socialismo (MAS). En la misma fecha, Sergio Choque Siñani, también del MAS, fue electo presidente de la Cámara de Diputados. En ambos casos, el MAS ocupó los espacios previstos para la bancada mayoritaria en las directivas de las cámaras legislativas.

– Esta Asamblea aprobó por unanimidad, tres leyes fundamentales: la 1266, del Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de elecciones generales; la 1269, Excepcional para la Convocatoria y la Realización de Elecciones Subnacionales, y la 1270, Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de las Autoridades Electas (esta última, previa consulta al Tribunal Constitucional). 

RESOLUCIÓN PARLAMENTO EUROPEO

– Subraya que, de conformidad con la Constitución boliviana, la expresidenta Áñez cumplió plenamente con su deber como vicepresidenta segunda del Senado, al colmar el vacío presidencial provocado por la dimisión del expresidente Evo Morales tras los disturbios violentos desencadenados por la tentativa de fraude electoral.

Destaca que el Tribunal Plurinacional de Bolivia respaldó la transferencia de poderes a Áñez; toma nota de que las elecciones celebradas el 18 de octubre de 2020 se celebraron sin incidentes y con plenas garantías democráticas.

Expresa su preocupación por la falta de independencia e imparcialidad del sistema judicial boliviano y por la prevalencia de problemas estructurales; observa que esta falta de independencia afecta al acceso a la justicia y, de manera más general, merma la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial nacional. 

Denuncia la presión política ejercida sobre el poder judicial para perseguir a los opositores políticos.

ARCE CRITICA PRESENCIA DE LA OEA EN LAS REGIONALES

REDACCIÓN CENTRAL

En los últimos comicios subnacionales de marzo de 2021, el presidente Luis Arce no asistió a la inauguración programada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Argumentó de que no participará de reuniones en las que se encuentre la OEA, porque fue parte del presunto “golpe de Estado” en 2019, que denuncia el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Hemos dicho y nosotros mantenemos nuestra posición. Somos muy críticos al papel que ha jugado la Organización de Estados Americanos en el golpe de Estado de noviembre de 2019 y, mientras mantenga una posición de esa naturaleza en la región que ha sido no solamente criticada por el presidente de  Bolivia sino por varios presidentes de la región, así que no estamos solos en la crítica a la gestión del señor Almagro, y nosotros no vamos a asistir a ninguna reunión donde esté la OEA”, afirmó el mandatario durante la emisión de su voto.

Antes de los comicios nacionales del 18 de octubre de 2020, en que salió triunfante Arce, el MAS expresó su rechazo a la presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Rechaza la presencia de estas personas en Bolivia debido a que la OEA basó su informe en los datos no oficiales ni formales del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares de las anuladas elecciones de octubre”, señaló el MAS en un comunicado. 

Por Taxi Noticias

Diseñador y Administrador de Noticias en la Web

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