Ante su aparente derrota electoral en las elecciones presidenciales de Perú, Keiko Fujimori apuesta por una vía similar a la del expresidente de Estados Unidos Donald Trump: clamar fraude, sembrar dudas sobre el sistema e interponer apelaciones sin asidero legal para no reconocer el resultado legítimo.
Así de categórico es el análisis que politólogos, analistas y periodistas hacen en Perú de las acciones que Fujimori (derecha), hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), está emprendiendo para evitar que su rival Pedro Castillo (izquierda) sea proclamado vencedor en los comicios del pasado día 6.
“Esto es un émulo de la estrategia ‘trumpista’. Si las normas o el resultado no me favorecen, yo iré hasta donde sea posible, incluso más allá de ellas, para que lo hagan. Y si no lo hacen, tengo el camino hecho para no reconocer al ganador”, afirmó a Efe el politólogo y exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Fernando Tuesta.
“Fraude sin pruebas”
Con el 99,935 por ciento de los votos escrutados, Castillo gana las elecciones peruanas por cerca de 50 mil votos.
En esa tesitura, Fujimori lanzó la semana pasada una serie de denuncias de “fraude en mesa” generalizado sin aportar pruebas fehacientes de la acusación, y presentó una auténtica avalancha de reclamos con el fin de anular unos 200 mil votos en zonas andinas, rurales y pobres abrumadoramente dominadas por Castillo.
Pese a haber señalado en diversas ocasiones que estas medidas son para “defender el voto”, el esfuerzo por identificar irregularidades en lugares rurales, alejados y campesinos, con argumentos poco sólidos, ha sido visto por muchos como un intento para la supresión del voto.
“Esa es claramente la idea. Hacer que mis votos (fujimoristas) valgan más de los tuyos (de Castillo). Esa sería la única manera de que la candidata tenga alguna probabilidad de ganar”, resumió Tuesta. Eso se pudo percibir en una criticada declaración de Julio César Castiglioni, el abogado fujimorista que dirige pedidos de anulación, quien llegó a declarar como justificación para los pedidos de anulación que “en las serranías del país han llenado las ánforas a su antojo”.
Apelaciones fallidas
Los más de 800 reclamos de Fujimori ante los jurados electorales, algo inédito en la historia política del país, han llegado en su mayor parte fuera del plazo legal establecido.
Ese error u omisión dramática hace que, según diversos cálculos, sea imposible que incluso si ganase todas las apelaciones de fondo, lo que además no está logrando, no podría nunca superar a Castillo.
Sin el número de votos por anular, y sin argumentos legales poderosos para justificar sus pedidos de anulación más allá de denuncias unilaterales de “fraude” e “irregularidades sistemáticas”, la insistencia de la candidata en presionar con este tema lleva a otras explicaciones.
“Ante la evidencia de que ni ganará los reclamos ni de que no hay el número suficiente de votos en juego, creo ahora que se trata más bien de una estrategia para construir una narrativa para deslegitimar la elección”, indicó a Efe la analista política Paula Távara.
A juicio de ambos analistas, lo que hay ahora es la construcción de una “deslegitimación” de los organismos electorales para así “horadar” la elección de Castillo y poder tratar de impulsar una destitución en cuanto asuma.
Keiko solicita una auditoría al escrutinio
La candidata de derecha Keiko Fujimori solicitó ayer una auditoría al escrutinio de las elecciones peruanas que da como virtual ganador a su rival, el izquierdista Pedro Castillo, al tiempo que se presentó ante la Justicia una demanda de amparo para que se acepte revisar sus pedidos para anular sufragios que llegaron fuera de plazo.
A través de su partido Fuerza Popular (derecha), Fujimori pidió “una auditoría informática del proceso de digitalización de actas electorales”, cuyo recuento pone a Castillo (izquierda) con una ventaja estrecha pero casi irreversible de 48 mil votos.
La razón esgrimida para reclamar esta auditoría es que “se ha detectado por redes sociales una serie de cuestionamientos” entre el acta y el sistema informático de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada del escrutinio oficial.