La líder del partido opositor Propuesta Republicana (Pro), Patricia Bullrich, junto con un grupo de diputados y senadores opositores elevaron un informe a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el plan de vacunación contra la Covid-19 implementado por el Gobierno argentino.
«Los hechos y la información detallada dan cuenta de que el plan nacional de vacunación no cumple los estándares de protección de los derechos humanos previstos por la Resolución 1/2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del SACROI-COVID19», comienza diciendo el escrito de 28 páginas.
Y destaca que no se cumple «en particular con los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación».
El informe describe como primer eje el proceso de distribución de las vacunas dentro del dispositivo nacional de vacunación, los operativos de logística y transporte de vacunas y los irregulares dispositivos de inmunización.
Agrega los llamados «vacunatorios vip», los parámetros de selección para la vacunación de personal estratégico priorizándolos antes que al personal de salud, docentes o personal esencial y detalla la desaparición de vacunas, la pérdida de lotes y la distribución en locales partidarios que, señala, incumplen los criterios humanitarios y universales de vacunación.
En un segundo eje, describe los mecanismos de adquisición de vacunas por parte del gobierno nacional y «su falta de transparencia».
Denuncia contratos
Los opositores denuncian además en el reporte que el Gobierno nacional ha orientado el plan de adquisición de vacunas «con miras a favorecer arbitraria e ilegalmente la participación de empresarios asociados al poder».
Y que ese plan «ha llevado al fracaso del programa de prevención de la transmisión de la enfermedad, con el consecuente aumento del número de casos y de víctimas fatales» y «la decisión de persistir en regímenes de restricciones de derechos de todas las personas».
Explica que «las negociaciones y contrataciones efectuadas por el gobierno nacional incumplen las pautas mínimas» previstas por la Comisión, «en particular los transparencia, de acceso a la información y el establecimiento de procedimientos de vigilancia y control».
Y menciona los casos de contratación de la vacuna AstraZeneca y la elección del laboratorio mAbxience para producir el principio activo en Argentina; de la Sputnik V, que será producida por Laboratorios Richmond en el país sudamericano; la Sinopharm, que avanza en un acuerdo con Sinergium Biotech.
También detalla la solicitud de mínimas dosis al fondo Covax de Naciones Unidas.
E insiste con la denuncia que ya había hecho Bullrich, que «existen elementos que permiten presumir» que «se habría requerido a la empresa Pfizer, como condición para la contratación, la participación de algún empresario argentino», lo que habría sido rechazado por el laboratorio estadounidense.
Las críticas de la oposición se montan sobre un ritmo de vacunación, que sobre unos 45 millones de habitantes, ha aplicado 13,37 millones de dosis, pero 2,96 millones de personas fueron inoculadas con la segunda dosis.
En tanto, el país atraviesa la segunda ola y acumula 3.915.397 millones de casos y 80.411 muertos desde el inicio de la pandemia.