En San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, se evidenció la existencia de desmontes ilegales y avasallamientos en el Área Protegida (AP) Bajo Paraguá, que apuntan como punto de origen de los problemas de tierra al 2006, año en el que el Movimiento Al Socialismo (MAS) llegó al poder, según refleja el diario El Deber.
«El Deber se trasladó hasta ese municipio (San Ignacio) para verificar las denuncias de avasallamientos y desmontes ilegales y, (…), encontró casi una decena de senderos y brechas desmontados, ‘mojoneados’ y asignados con letreros a comunidades a ser conformadas en esos lugares, como Satélite, Monte Grande, Los Cedros, y otras sin nombre. Todas dentro del área protegida (AP) Bajo Paraguá», según el reporte del medio de comunicación.
Detalla que esos puntos se encuentran a lo largo del camino entre Santa Rosa de la Roca y Piso Firme; específicamente, ni bien se pasa la población Nueva Esperanza, colindante con el AP y donde predominan las comunidades interculturales.
A diferencia del último informe de la Autoridad de Fiscalización de Bosque y Tierra (ABT) que señala que solo se encontró un campamento «improvisado, pequeño y abandonado, y una brecha con árboles caídos recientemente, con dimensiones de 1.200 metros de largo por 12 metros de ancho», el medio de comunicación constató que «el mayor de los desmontes encontrados se adentró, con ayuda de maquinaria, varios kilómetros en las entrañas de este territorio».
La denuncia de los desmontes y avasallamientos fue realizada por el alcalde de San Ignacio de Velasco, Moisés Salces, quien sospecha que existe una complicidad entre la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) porque sugirieron no hacer la demanda, pero a la vez dijeron que el desmonte es ilegal.
Salces también lamentó que instituciones como la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (Acisiv) y la Central Indígena del Bajo Paraguá (Cibapa) guarden silencio desde hace mucho tiempo, ya que la problemática de la tierra no es cosa nueva.
Asimismo, la autoridad desconoce quiénes pueden ser los avasalladores, no obstante, sospecha que se puede tratar de gente con vehículos de lujo, a los que llamó «traficantes de la tierra» en la denuncia inicial. «Parecería que se trata de gente de San Julián y del Chapare», sostuvo.
Salces también señaló que en la zona hay presencia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y de los «Sin Tierra», aunque esta última organización empezó a desaparecer porque el Gobierno dio más poder a la Csutcb.
Específicamente, los chiquitanos apuntaron a Chirimoya, una comunidad intercultural que se encuentra en el distrito 8 de San Ignacio de Velasco, aunque el dirigente Efraín Valle negó dar declaraciones bajo el argumento de que son orgánicos y que el equipo de prensa llegó por sorpresa.
Sin embargo, los entrevistados del medio de comunicación coincidieron que el problema de la tierra surgió en el 2006, año en el que el MAS subió al poder.
«En la época de Evo Morales ellos ya estaban con los ojos abiertos de que esas tierras son altamente productivas. Ahí es donde está la mayor cantidad de tierra fiscal del país, son miles de hectáreas», argumentó Salces», sostuvo.