El recluso de nacionalidad peruana Renato Caferata Centeno, sentenciado a 30 años, sin derecho a indulto, por el asesinato de su expareja, la odontóloga cruceña María Rosario Castedo Guaristi; demandó con acción de libertad a jueces y vocales con el argumento de que se le vulneraron sus derechos y le corresponde su libertad.
El hombre, que permanece detenido en la cárcel de Palmasola, logró que el juez de sentencia, Carlos Alberto Moreira Rivero, le fije audiencia virtual para este jueves, 18 de febrero.
El acusado demandó al vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Wálter Pérez, así como a los jueces de sentencia Adhemar Rueda y Susana Zabala.
Según la justicia, la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, el asesinato se registró el 15 de enero de 2011 en el inmueble de la víctima en la calle Alihuatá, de Barrio Lindo. Renato Caferata fue hallado culpable de haber victimado a María Rosario Castedo Guaristi con 11 puñaladas. Eran enamorados, pero -según las investigaciones- ella había terminado la relación sentimental por calificarlo un hombre violento que le daba malos tratos.
El caso
Las diligencias señalan que el 15 de enero de 2011 el hombre acudió a la casa de la odontóloga, la victimó a puñaladas y cuando salía de la casa para darse a la fuga fue detenido por vecinos con el cuerpo ensangrentado y luego entregado a la Policía. En esa oportunidad declaró que no se preocuparan y que solo había matado a una rata.
El principal fiscal asignado al caso en ese entonces Olvis Egüez, hoy presidente del Tribunal Supremo de Justicia, acusó a Renato Caferata por asesinato, por considerar que las pruebas eran contundentes.
Arleti Tordoya de Mujeres Creando y la abogada de los familiares de la víctima, María Rosario Castedo Guaristi, consideran que el acusado intenta evadir la justicia pretendiendo favorecerse de una acción de libertad y de los privilegios que le asiste el consulado peruano.
Sostienen que no ha tramitado su cédula de identidad, pero sí su permiso para escapar, en segunda instancia, a una sentencia condenatoria confirmada de 30 años sin derecho a indulto. «Este crimen conmocionó a la sociedad y si consigue su libertad será un funesto precedente para la justicia y dejaría impune el asesinato más vil de una joven mujer profesional”, dijo Arleti Tordoya.