La Defensoría del Pueblo, ante las recientes aprehensiones y irregularidades en el proceso que hay en contra de la expresidenta Jeanine Áñez y sus exautoridades del Gobierno transitorio se sumó al seguimiento y a las acciones que lleva adelante la Policía y el Ministerio Público para verificar que este proceso se enmarque en el respeto al derecho del debido proceso y de la defensa de las personas aprehendidas.
Según el reporte, personal de la institución verificó que los detenidos fueron remitidos al Instituto de Investigación Forense (IDIF), donde se certificó que no sufrieron actos de tortura ni malos tratos. En el caso de la exmandataria se realiza un constante control de sus signos vitales y afirman que cuentan con la defensa técnica legal correspondiente (una condición mínima). Además, están velando por las denuncias de abuso policial contra los sobrinos detenidos de Áñez en Trinidad.
La defensoría también exhortó al Ministerio Público y al Órgano Judicial a actuar en el marco de la independencia y ajustar sus acciones al marco constitucional, así como a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, que permitan acceder a las víctimas a la justicia, siempre en pleno respeto de los derechos humanos que asisten a las personas encausadas por el Gobierno central.
No obstante, vale recordar que la Defensoría del Pueblo a través de múltiples comunicados, notas oficiales, y en especial en el Informe ‘Crisis de Estado’ también le ha demandado a las autoridades el esclarecimiento de todas las afectaciones en las situaciones ocurridas entre el 21 de octubre al 23 de noviembre de 2019; la búsqueda de justicia debe tener como único fin el de responder a las víctimas y no permitir la imposición de la impunidad.
Caso Yassir Molina
Respecto al seguimiento a las acciones en la detención del líder de la agrupación Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, los funcionarios aseguran que «no fue víctima de violencia ni malos tratos» durante el operativo para su aprehensión y traslado a la ciudad de Sucre, que se le asignó un abogado de Defensa Pública, que se le realizó un examen médico forense y que se acogió a su derecho al silencio en su declaración informativa.
Sin embargo, hay una denuncia en la que no figura una orden de aprehensión y un video que circula en redes sociales expone que fueron varios los efectivos, que estaban supuestamente armados, los que aprehendieron al joven activista.
Los delitos por los que fue detenido Yassir Molina son organización criminal con relación a los delitos de fabricación ilícita, uso de armas no convencionales, atentado contra bienes públicos, impedir y estorbar el ejercicio de funciones, tenencia y porte o portación ilícita, destrucción o deterioro de bienes del estado y la riqueza nacional, privación de libertad y daño calificado, por la vigilia protagonizada, la gestión pasada, en puertas de la Fiscalía General del Estado, en la que se exigía la renuncia de Juan Lanchipa en septiembre pasado.
Desde la Defensoría también advirtieron que sobre estas acusaciones no hay procesos de investigación con avances importantes, ni se ha identificado a actores materiales y sin que exista una condena ejemplarizadora que evite en un futuro actos similares realizados por grupos que se arrogan la competencia de instancias estatales como es la Policía Boliviana.