«Se vienen días feos para la democracia». El vaticinio de Eduardo Gamarra, boliviano que reside en Estados Unidos donde es profesor universitario de Políticas y Relaciones Internacionales, es compartido por juristas y analistas. La señal que proyecta el actual Ejecutivo por la detenciones de la expresidenta Áñez y de otras autoridades del Gobierno transitorio remite al proyecto absolutista expresado en varias ocasiones por Morales.
El abogado constitucionalista José Luis Santistevan observa un intento de «acallar la oposición» utilizando políticamente las persecuciones judiciales. «El MAS persigue un modelo sostenido en el poder absoluto», valora el jurista.
Santistevan ve difícil un retorno de Morales al poder en el corto plazo; aunque asegura que con estas detenciones se allana el camino para el 2025. «Volver al poder, afirma, supondría convulsionar del país».
Similar opinión manifiesta Gamarra. «Sería demasiado burdo que Morales quiera recuperar la presidencia», asienta. Asevera que el núcleo duro del MAS, representado por Evo Morales y Juan Ramón Quintana, forman la base del «proyecto autoritario diseñado hace catorce años» y que se «ha vuelto a desempolvar» con el triunfo de Arce en las urnas.
El silencio de Arce es prueba del control que ejercen los líderes del núcleo duro del MAS, la denominada élite masista, indica Gamarra. El catedrático resalta que solo han hablado sus funcionarios para «hacer eco a las declaraciones de Quintana y Morales».
En relación a esta élite masista, el analista considera que «ha retornado con mucha fuerza».
El consultor político, Héctor Montero, corrobora el retorno del núcleo más cercano de Evo Morales. Para Montero, el MAS «buscará la salida mixta» que permite a la élite ejercer el poder sin necesidad de interrumpir el actual periodo legislativo.
Ante una posible condena a la expresidente Áñez, Montero, que fue asambleísta electo en las fraudulentas elecciones del 2019, reitera que la consideración de una sucesión no constitucional debería anular todos los acontecimientos posteriores, con sus correspondientes implicaciones legales.
«No se puede demandar solo a quien ejerció el poder, sino también a quien le dio esa potestad», en alusión a la Asamblea Legislativa y el Tribunal Constitucional.
El jurista José Luis Santistevan destaca que el retorno al escenario electoral 2019 es inviable. La participación de la Asamblea Legislativa, con mayoría masista, en la aprobación de una ley que anula las elecciones de octubre y en otra que prolonga el mandato presidencial los convertirían en cómplices.
Lo mismo sucede con el actual Tribunal Constitucional que avaló la transición de Áñez con dos declaraciones que guían al legislativo en la aplicación de las leyes.
Para Santistevan, «estamos frente a una ficción que pretende crear un delito imposible». Recuerda que fue la propia Asamblea, presidida por Eva Copa, quien aceptó la renuncia del expresidente. Por tanto, complementa, si se considera algún delito debería involucrar a todos los que aprobaron las leyes que facilitaron la transición.
La formula mixta planteada por Montero y validada por Santistevan también convence a Gamarra. «Las acciones demuestran que el expresidente Morales es el verdadero poder detrás del trono», finaliza el catedrático.