Paradójicamente, la considerada “función suprema y primera responsabilidad del Estado” arroja resultados desalentadores. Investigaciones internas y datos comparativos a nivel internacional muestran esta realidad, especialmente en el nivel universitario. Acerca de esta crisis, OH! conversó con el destacado sociólogo Franco Gamboa Rocabado.
—Pareciera que la educación superior en Bolivia se halla más orientada a masificar la titulación que la profesionalización, o sea, casi una fábrica de títulos. ¿Es así? ¿Cuál es la función del sistema universitario boliviano hoy?
—El sistema universitario en Bolivia entró en un proceso acelerado de mercantilización de la educación. No obstante que el Estado Plurinacional mantiene una elevada subvención de la educación superior en nueve universidades públicas, se ha generado un mercado que es bastante amplio y competitivo. Pero, no por eso, es una oferta de calidad. El Ministerio de Educación no ha podido aún establecer las condiciones para la regulación de la calidad ni de la institucionalidad en las universidades privadas. El efecto inmediato es lo que usted indica: una masificación de la matriculación, pero, sobre todo, una masificación de la orientación profesionalizante de las carreras.
Estamos muy lejos de las experiencias de los países industrializados y de otros lugares en América Latina. Allí, las universidades del siglo XXI son universidades, sobre todo, de investigación. Son universidades donde se promueve la vinculación entre investigación, desarrollo e impacto en el conocimiento. Precisamente, el enfoque excesivamente profesionalizante, y desregulado algunos casos, ha hecho que la “fábrica de títulos” esté muy lejos de lo que requiere el mercado laboral. También se halla muy lejos de lo que requiere la economía de los conocimientos y la riqueza de la competitividad en el mundo del siglo XXI.
Las universidades del siglo XXI están vinculadas a la investigación científica, a la innovación tecnológica y también al recurso humano, pero no orientadas a formar profesionales, sino hacia una visión de altísima calidad y competitividad vinculada con sectores estratégicos de las economías.
—En los rankings mundiales, las universidades bolivianas mejor ubicadas están cerca del puesto 1.500 y son las de San Andrés y San Simón, o sea, estatales. El resto se halla mucho más lejos. ¿Por qué las universidades privadas están tan rezagadas en medio de ese ya gran rezago?
—El principal obstáculo y problema de las universidades privadas y públicas es la ausencia de la carrera académica. Ninguna universidad privada, teniendo la posibilidad, va a destacar en el ranking internacional porque todas las universidades tienen un perfil estrictamente comercial. Es decir, buscan dónde se puede ganar más dinero en el tiempo más corto y dónde tener rédito inmediato ofreciendo la profesionalización rápida y corta.
No se sabe qué tipo de docentes están impartiendo la enseñanza ni qué exigencias y estándares de calidad toman en cuenta las universidades. Tengo la impresión de que no tienen una política específica de calidad y exigencia, solamente tienen una política del rédito inmediato. Entonces, por eso masifican y no hay exámenes de ingreso.
Otro aspecto central es que tampoco hay requisitos académico-científicos de importancia para la entrega del título. Las condiciones de titulación se han relajado en muchos casos y no se exige un marco de competencias de alto nivel entre los estudiantes para lograr el título. Entonces, las universidades privadas son una especie de prolongación de los colegios privados. Allí también hay muy poca regulación, no hay condiciones de calidad, de competitividad apreciable ni de carrera docente. Entonces, eso no permite observarlas como un conjunto de instituciones privadas que promuevan la formación de recursos humanos de alto nivel y prestigio institucionalizado.
—¿Y las que anuncian que tienen convenios internacionales?
—Podemos ver que el marketing de las universidades privadas suele decir: “titulación internacional”, “convenio tal”, “título en el marco de la Comunidad Andina de Naciones”. Pero, eso es falso porque ninguna titulación puede ser internacional. Todos los títulos tienen que ser homologados en el país de origen y cumplir las regulaciones estatales. Todo lo que ofrecen las universidades privadas son simplemente algunos convenios coyunturales con universidades extranjeras.
—¿Cuáles son los requisitos indispensables en los rankings internacionales para que una universidad suba en su calificación?
—Una elevada inversión en investigación científica. Ninguna universidad privada boliviana ha patentado absolutamente nada desde que, en 1987, irrumpieron en el mercado. Nadie invierte en investigación científica. Como resultado, ninguna universidad privada desarrolla innovación, tanto en enseñanza como en el desarrollo de sus carreras y el desarrollo de sus currículos de formación de los estudiantes. No puede haber innovación sin investigación y viceversa. Por lo tanto, los currículums son una especie de repetición o copia de otros países o de los currículums de formación de las universidades públicas.
La formación es altamente repetitiva, igual que en los colegios. Por lo tanto, la profesionalización o la visión de una profesionalización se congela precisamente en las carreras tradicionales de Derecho, Medicina, ingenierías, etc., pero no hay posibilidad de innovar nada. No hay la posibilidad de tener centros de investigación respetables y con prestigio en el ámbito nacional o internacional.
Por lo tanto, al no haber una carrera docente, académica, seria, no se puede exigir que los docentes puedan tener un buen salario. Es simplemente, dicen que “por prestigio” que se está enseñando, pero en el fondo se trata de una humillación a los profesionales de alto nivel. “Por prestigio” enseñan a cambio de migajas. Salarios magros hacen que los docentes en estas universidades privadas impartan conocimientos, no solamente superficiales, sino inútiles muchas veces sólo para cumplir los requisitos formales del currículum.
—En el caso de las universidades estatales, hace mucho que se denuncia a feudos sindicales y políticos que se amparan en una corrompida idea de la autonomía. ¿Se puede hacer algo en relación a la autonomía como alguna autoridad ha planteado recientemente?
—La autonomía es una condición reconocida en la Constitución Política del Estado (CPE), es inviolable, así como otros derechos que son reconocidos en la CPE. Esto no quiere decir que los factores y algunas aristas prácticas de la autonomía no deban ser discutidos y debatidos. Pero, el espíritu de la autonomía universitaria, no sólo en Bolivia, sino todas partes del mundo, se mantiene. Ello porque diversos actores políticos podrían aprovecharse. Podrían generar intolerancia, limitar la libertad de cátedra, de pensamiento y destruir las mínimas condiciones del ejercicio del conocimiento, la investigación y la enseñanza que están reconocidos para cualquier universidad del mundo.
La autonomía es un principio de independencia institucional, independencia de pensamiento, investigación, de enseñanza y pluralismo de conocimientos e ideologías. Ahora, más allá de la autonomía, lo que hay que discutir es si la universidad pública está en condiciones de debatir una transformación, un cambio institucional que provenga desde adentro. La transformación, juntamente con la autonomía, deberían permitir el desarrollo una mayor capacidad en investigación científica, una mayor influencia y relación de la investigación y las actividades de enseñanza o del desarrollo económico social, cultural y político del país.
Lamentablemente, la universidad boliviana se ha divorciado demasiado de su impacto en el desarrollo.
—¿Cómo se realizaría ese proceso?
—En distintas universidades estatales se han desarrollado “ene” jornadas académicas de actualización y de restructuración de los pénsum o los currículums de formación universitaria. Esto es importante porque no se da en las universidades privadas. Entonces, las jornadas académicas, bien o mal, abren por lo menos la posibilidad de discutir, de transformar, poco a poco, la enseñanza y de abrirse necesidades del país, del mercado laboral actual. Y esto sólo se puede dar en condiciones de autonomía institucional.
Sin embargo, también hay aspectos preocupantes, como el surgimiento de sindicatos que se han institucionalizado dentro de la universidad y hacen un juego perverso y negativo en contra de la transformación y del cambio que se requiere.
—¿Hay alguna posibilidad de que, sin atentar contra la autonomía, se pueda evitar, digamos, desde afuera, los excesos y desbordes? Se ha visto corrupción, matonaje, autoritarismo con demasiada frecuencia. Se ha encubierto incluso hasta delitos, como el ejercicio de cátedra que tenía el exvicepresidente García Linera sin tener título o lo que ahora se sabe de la universidad alteña, etc.
—Las grandes universidades, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, tienen un consejo de administración de alto nivel. Goza justo de autonomía de gestión. Estos consejos de administración son como grupos corporativos de asesoramiento a los rectores. Son los famosos “board of trustees” que toman decisiones y hacen una planificación de largo aliento. Esa planificación estratégica de largo aliento se la materializa implementando lo que se ha propuesto de arriba a abajo.
Como en las grandes empresas, se puede confiar en el criterio técnico, profesional y científico de los mejores profesionales y científicos académicos de gran nivel, con una trayectoria y un prestigio ya consolidados. Entonces, las decisiones vienen de arriba abajo.
—¿Y la voz de las bases y otros estamentos?
—Aquí estamos acostumbrados a cuestionar, a decir: “Cómo es posible que se haga de arriba abajo; tiene que hacerse de abajo hacia arriba, tomando en cuenta la participación de todos los estudiantes y docentes y administrativos”. Sin duda, es un criterio democrático, que es valioso. Pero, reitero, las acciones de reforma, las decisiones que se desarrollan, de arriba abajo, en un grupo corporativo de alto nivel y prestigio comprobado. Esto reduce la arbitrariedad sindical porque allí también hay sindicatos organizados. Sin embargo, todos se comprometen al ejercicio de un trabajo que permita implementar las decisiones en la planificación de estos grupos corporativos de largo plazo.
El segundo aspecto fundamental para una reforma es el cumplimiento de la normativa interna. Si los requisitos para la contratación de docentes, para el ejercicio de la cátedra son “a, b, c, y d”, eso se tiene que respetar. La universidad estatal boliviana tiene un conjunto de requisitos y normativas muy claras. El tema es el grado de cumplimiento de las autoridades y el grado de fidelidad a la normativa que ya se aprueba en congresos de universidades nacionales.