El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó este miércoles por la noche que además del caso denominado gases lacrimógenos, existen seis hechos de corrupción e indicios de otros 15 que están en investigación.
«Toda la ciudadanía sabe que cuando llegó al gobierno Jeanine Áñez, sus ministros y todos sus colaboradores fueron de escándalo en escándalo de hechos de corrupción, es decir, esos hechos la ciudadanía los conoce, pero, además, lo que habrán hecho y habrá quedado que la ciudadanía no conoce, y entre esos tenemos aquí el caso gases lacrimógenos; pero, tenemos siete casos más», aseveró en entrevista con el programa Primer Plano de Bolivia TV.
Uniformes militares
La autoridad gubernamental explicó que uno de los seis casos está vinculado a la compra de 50.000 uniformes militares por un monto que asciende a Bs 13 millones. Indicó que lo que provocó la alerta es que en el Ministerio de Defensa se realizó todo el proceso de adjudicación, inclusive el contrato estaba listo; pero, extrañamente, no pagaron a la empresa que entregó los trajes.
«Lo que hacemos es ver el costo de los uniformes y estaba en 261 bolivianos por unidad. Nos fijamos en el histórico y estaba por uniforme 196, 197, 194 bolivianos. Entonces, vimos un sobreprecio. Lo estoy manifestando porque no se explica de otra manera por qué no pagaron a la empresa, por qué no giraron el cheque. Creo que llegado el momento dijeron: ‘No firmo el cheque, que venga el anterior (gobierno) y, como todo está hecho, va a tener que firmar», denunció Novillo.
Mantenimiento de vehículos
Un segundo caso al que hizo referencia es el vinculado al mantenimiento y reparación de vehículos del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, trabajos que se hicieron en talleres de Oruro.
Explicó que una de las alertas se dio por la exigencia de varios talleres que demandan la cancelación de servicios que no cuentan con documentación de respaldo del trabajo ejecutado y que no se conoce el tipo de procedimiento porque se desconocen datos de un contrato, licitación, fecha del servicio, entre otros aspectos.
«No sé cuál fue la decisión por la que se tuvo que entregar las movilidades y las empresas nos pidieron (la cancelación de los servicios). Lo curioso es que no hay documento de respaldo para cancelar», dijo la autoridad gubernamental.
Cobro a premilitares
Un tercer caso está vinculado al cobro extra de Bs 300 a premilitares de la gestión 2020 – 2021 durante la administración del exministro de Defensa, Fernando López, dinero que se devolvió en la gestión del presidente Luis Arce a los afectados, dijo.
Novillo explicó que ese dinero estaba previsto para el pago de bonos a los efectivos militares que iban a dar la instrucción a los premilitares; pero incumpliendo la Ley Financial que establece que no se puede generar bonos al margen de la norma.
«Hicimos el análisis y vemos que (el cobro extra) no correspondía, era ilegal. Entonces, hemos tenido que devolver a los padres de familia los 300 bolivianos», informó.
Contratos privados
Otra denuncia hecha por la autoridad fue que en la gestión de Áñez, el exministro de Defensa, Fernando López, evadió procesos administrativos para la compra de insumos y el alquiler de dos cisternas.
«El exministro López realiza contratos privados sin proceso de contratación», dijo y aseguró que se desconoce el destino de los insumos debido a que no existe descargo de los mismos.
Observación en la Declaración Jurada
Novillo explicó que el exministro de Defensa no realizó su Declaración Jurada a momento de dejar el cargo, por lo que se desconoce la cifra de su patrimonio a tiempo de cesar de sus funciones.
Indicó que tampoco devolvió los celulares institucionales que se le otorgó mientras cumplió funciones en el Ministerio de Defensa, aparatos que la Fiscalía requiere para obtener la información que existe en la memoria de los dispositivos.
«Los celulares digamos que no tienen mucho precio, pero es la información», dijo en la entrevista.
Disposición de bienes
Indicó que otro caso está relacionado con la disposición arbitraria de bienes. Dijo que la lucha contra el contrabando tenía disposiciones legales de 48 motocicletas y 24 camionetas.
«Deja la lucha contra el contrabando con las 48 motocicletas y las 24 movilidades y, con eso, a título de la lucha contra la pandemia, en realidad se hace toda una represión, y, en la lucha contra el contrabando, no hay motocicletas, no hay vehículos y quedan las fronteras sin los medios», aseveró.
Novillo aseguró que en su administración se impulsarán procesos para denunciar los hechos de corrupción para que el Ministerio Público y la Justicia actúen.
«Tenemos todavía 15 casos que están en Transparencia y auditoría, porque hemos visto indicios, pero serán los resultados los que nos digan los hechos irregulares de manera concreta y objetiva», aseguró.