Las cifras de los casos de femenicidios aumentan día a día en el país, por lo que en ciertos momentos parecen ya naturalizarse y no causar ninguna consternación en la sociedad, frente a la impunidad preocupante de los victimarios y un Estado punitivo que se ha limitado a aprobar normas como la Ley 348, Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Además de no implementarse integralmente esta ley, el Estado sólo se ocupa de culpabilizar y castigar a los responsables “post factum”, lo que no le va a devolver la vida a las mujeres victimadas. No se ocupa de dar protección y seguridad a las víctimas mediante acciones preventivas.
Esta es una de las conclusiones del estudio “Los rostros de la violencia de género: feminicidio, sus situaciones, procesos y consecuencias en los municipios de La Paz y El Alto” , publicado en días pasados.
La investigación realizada en 2019 por Marlene Choque Aldana con el apoyo del Instituto de Investigaciones Sociológicas Maurice Lefèbvre (IDIS), de la Carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), presenta un panorama completo del problema del feminicidio en el país y en particular en los municipios de La Paz y El Alto.
Además de las estadísticas o datos cuantitativos que develan la grave realidad de la violencia de género, el estudio recoge testimonios de las víctimas de tentativa de feminicidio, familiares de víctimas y con personas que, desde la psicología y el asesoramiento legal, acompañan el desarrollo de los casos.
De acuerdo a la investigación, el feminicidio no se consuma con la muerte de la víctima. Se encarrila en las rutas tortuosas del sistema legal y en los medios de comunicación; asimismo, corta para siempre algunas formas de la vida familiar.
Si bien los crímenes contra las mujeres pueden ser la expresión particular de una violencia que puede atribuirse a la vigencia del patriarcado o a las resistencias de quienes se sienten amenazados por los cambios sociales, sus efectos no se agotan en los sujetos involucrados directamente: los agresores, las covíctimas familiares (y también los que podrían definirse como coagresores, en el sistema policial-judicial y en los operadores de los medios de comunicación), señala la investigadora.
Se desbordan en la sociedad en general, en una dinámica compleja que al mismo tiempo normaliza la violencia (los medios tienen una cobertura “estándar” de los crímenes contra mujeres, que han convertido a esta temática en parte de su agenda diaria) y despierta, desde organizaciones de mujeres, sobre todo, otras formas de resistencia encarnadas en grupos de apoyo, iniciativas de información y activismo.
“Se trata de un tema muy sensible porque, más allá de la fugaz y ominosa notoriedad mediática, las familias de las víctimas deben continuar con sus vidas y reorganizarse sobre la marcha para intentar suplir las ausencias; en algunos casos, no encuentran paz porque persisten las amenazas de las familias de los agresores o la posibilidad de que la tenencia de los niños pase de las abuelas maternas a los padres biológicos, que en muchos casos son los principales sospechosos del feminicidio de las madres”, sostiene Choque.
Agrega que los feminicidios son una “expresión de la violencia sistémica que sufren las mujeres”, agudizada en este período de transformaciones sociales, en el que hay mayor participación femenina en la política, en la economía y en el que las mujeres alcanzan mayores niveles de educación.
El aumento objetivo del número de feminicidios en Bolivia, desde que se registran como tipo legal (2013), expresa esos cambios y expresa también las resistencias frente a esos cambios. “Muestra que hay espacios hostiles para las mujeres en los ámbitos íntimo, privado y público, que los hogares no son un refugio confiable frente a la violencia de género, que persiste el sentimiento de propiedad de los hombres sobre las mujeres, que el sistema judicial puede permitir la impunidad de los agresores y que la muerte sería el último silencio frente a la posibilidad de que la violencia se debata y se encare en corresponsabilidad entre la sociedad y el estado” .
En lo que va de 2021, se reportaron 42 femenicidios en el país. Perdieron la vida por asfixia, golpes e impacto de bala.
DATOS DEL ESTUDIO
- Legislación
La mayoría de los países latinoamericanos cuenta ahora con legislación penal sobre el feminicidio. Bolivia tiene una ley “integral” para luchar contra la violencia”, pero llama la atención de que ni los feminicidios ni los casos de violencia disminuyeron a pesar de los avances legales favorables a las mujeres.
- Datos cuantitativos
Estudios realizados en varios períodos muestran que Bolivia es uno de los países latinoamericanos con mayor incidencia de violencia física y sexual contra las mujeres. De acuerdo a datos comparativos a nivel latinoamericano (2018), Bolivia está entre los países con mayor tasa de feminicidios íntimos (asesinatos de mujeres por sus parejas o exparejas estables) por cada cien mil mujeres. Ocupa el primer lugar entre los países sudamericanos.
- Tipos de violencia
De acuerdo al estudio, el 96 por ciento de las mujeres casadas o en unión libre sufrieron violencia psicológica a lo largo de su relación, el 81 por ciento violencia física, el 63 por ciento violencia sexual y el 56 por ciento violencia económica. En La Paz, dos de cada tres mujeres han vivido violencia.
ANUNCIAN CAMBIOS DE TIPOS PENALES EN LA 348
REDACCIÓN CENTRAL
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui, señaló que incorporarán nuevos tipos penales en la Ley 348 como sancionar los delitos éticos religiosos y el acoso cibernético, entre otros.
Con el objetivo de validar las propuestas modificatorias a la Ley 348, sistematizadas en el diagnóstico “Estado de Situación de la Violencia Contra las Mujeres en Bolivia”, el Ministerio de Justicia lleva adelante un proceso de socialización en todos los departamentos.
Los cambios propuestos giran en torno a 10 ejes temáticos: la ampliación de derechos en el marco de la progresividad, la precisión en el objeto y alcance de la ley, la incorporación de nuevas formas de violencia y nuevos tipos penales, las atribuciones y roles de las instituciones, la modernización del registro de antecedentes, la implementación de políticas públicas, la mejora de las medidas de protección, de la figura de jurisdicción alternativa, de procedimientos diferenciados y la destinación de mayores recursos económicos a la lucha contra la violencia.
La Ley 348 establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores.