Hace unos días el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) anunció que emitió las notificaciones al Viceministerio de Tierras del caso de saneamiento irregular de la menos 27.000 hectáreas (ha) de tierras a favor de la familia del exministro de Economía Branko Marinkovic. La Fundación Tierra destaca esta disposición, pero afirma que solo es uno de muchos casos que no se investigan en el país.
«A pesar del tiempo que ya ha pasado, nos parece bien que se actúe en esa línea, pero lo que nos preocupa es que parece que la decisión es sólo política del INRA y el Ministerio de Desarrollo Rural, porque se limitan a investigar sólo el caso de Marinkovic, cuando hubo muchos más desde el 2011, durante la gestión de Evo Morales», dijo en entrevista con ANF, Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra.
Y es que el director nacional del INRA, Eulogio Núñez, explicó que este proceso activa en el marco de lo establecido en el Decreto 4494, del 21 de abril de 2021, que «habilita a la cartera de Desarrollo Rural a presentar demandas sobre hechos irregulares identificados en la distribución de tierras a partir de 2020».
Esto apuntando a las resoluciones que se emitieron durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y que habrían favorecido a privados a la hora del saneamiento de tierras fiscales.
En noviembre de 2020, la Fundación Tierra denunció la dotación irregular de 33.480 hectáreas de tierra en el departamento de Santa Cruz a favor de Marinkovic, lo que días más tarde fue rechazado por la familia del exministro e incluso se advirtió de un proceso contra el director de la fundación que hizo la denuncia. Pasaron varios meses y recientemente se anunció la activación de este caso.
«Pero sabemos que este no es el único caso de tráfico de tierra en Bolivia. Y el hecho de que se esté guardando silencio sobre los demás hechos es una clara señal de complicidad con lo que ha sucedido en el gobierno de Morales», agregó Colque,
El tráfico de tierras, aseguró Colque, es un complejo problema en el país que se ha ido agravando en esta última década. De acuerdo a la denuncias, se conoce que la mayor cantidad de estas irregularidades se concentra en el departamento de Santa Cruz, donde habría al menos 1.400 hechos similares.
«Pero el INRA parece tener un interés político y no técnico al no investigar todos esos otros casos y más bien usar esto para la persecución política a quienes estuvieron en la anterior gestión de Áñez y así también justificar su teoría de que sí hubo golpe de Estado», manifestó el director de Fundación Tierra.