En el juicio civil que impulsa el Gobierno nacional contra el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, busca recuperar el doble del daño económico que se generó con la compra de los gases lacrimógenos con sobreprecio.
El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó que en la cuantificación de los daño se deben considerar varias agravantes, como el hecho de que el país vivía una situación crítica debido a la pandemia del Covid-19 cuando se ejecutó el pago por la adquisición de los elementos antimotines.
«Buscamos dos objetivos: la recuperación de los 2,3 millones de dólares del sobreprecio (de la compra de los gases) y que se cuantifique el daño por el pago que se ha realizado durante los días en que la población fue encerrada por la pandemia. Es decir, han aprovechado un momento de zozobra para hacer el pago con sobreprecio donde se han beneficiado varias personas», explicó la autoridad tras la entrevista en el programa “Las siete del siete” que estrenó Bolivia TV.
Según la investigación, el monto del sobreprecio por la compra de armamento no letal con sobreprecio es de $us 2, 3 millones, dinero que presuntamente fue distribuido en sobornos entre Murillo y sus socios.
En ese contexto, Chávez señaló que el proceso por la vía civil se realizará de forma paralela al que le sigue el Departamento de Estado del país norteamericano por los delitos de soborno y lavado de dinero entre noviembre de 2019 y abril de 2020, por los que está preso en una cárcel de Florida en Miami.
Para lograr ese objetivo, la Procuraduría contrató los servicios del consorcio de abogados Greenberg Traurig para que asuma la representación legal, del Estado ante la justicia norteamericana.
Extradición
Con relación a la extradición del exministro, Chávez señaló que el proceso está encaminado aunque se deben resolver algunas observaciones que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores al documento que presentó la Fiscalía.
«El proceso de extradición debe pasar por varios filtros, uno de ellos es el administrativo y ha sido devuelto por la Cancillería porque faltaría la traducción de idioma en algunos documentos que debe ser resuelta por el Ministerio Público y completar el legajo para que se envíe al Departamento de Estado de Estados Unidos», puntualizó.
El pasado jueves la Cancillería devolvió al Ministerio Público el exhorto suplicatorio para la extradición de Murillo porque el documento no estaba traducido al inglés, idioma oficial de Estados Unidos.
El exministro deberá comparecer ante un juez de la Florida en la audiencia que fue reprogramada para el 9 de julio, ya que el proceso es complejo y se conoce que la defensa de Murillo y la justicia estadounidense pueden llegar a un acuerdo.