El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, junto al viceministro del Tesoro y Crédito Público, Sergio Cusicanqui, negó que el gobierno de Evo Morales, en 2009, haya aceptado un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2009 sin aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“En el año 2009, el Fondo tomó esa decisión de capitalizar los Derechos Especiales de Giro que tenían los países miembros del FMI, por lo tanto, es una decisión soberana y propia del FMI y aprobada por los gobernadores. Han incrementado los activos de las reservas internacionales y por esa razón al no ser un préstamo sino una capitalización de un activo, no tenía por qué pasar por la Asamblea”, indicó Montenegro en conferencia de prensa.

En contraste, “un préstamo sí lo tienen que hacer porque requiere que los asambleístas conozcan las condiciones del financiamiento”, manifestó el titular de la cartera de Estado.

En 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, la ALP, de mayoría de la banca del MAS, rechazó el préstamo que Bolivia solicitó al FMI. Los asambleístas señalaron que el acuerdo con el Fondo condicionaba a Bolivia.

En este caso se investiga el crédito de 327 millones de dólares que gestionó el gobierno transitorio del FMI. El dinero fue desembolsado, a pesar de que la transacción no estaba aprobada por el Legislativo. El Banco Central, ya en el periodo del gobierno del MAS, determinó devolver esos recursos, aduciendo que hubo irregularidades, aunque eso implicó que el Estado boliviano pague intereses al organismo.

Por Jesus

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