En las últimas semanas, autoridades del Ejecutivo, el Ministerio Público y autoridades jurisdiccionales se encuentran en un laberinto sobre la extradición del exministro de Gobierno Arturo Murillo.
Legistas consideran que lo único que busca el Gobierno es “protagonismo político” por acciones que no realizó, sobre todo tomando en cuenta que el Tratado de Extradición entre Bolivia y Estados Unidos de América es claro, pero se incurre en errores.
Desde que se conoció la detención del exministro Murillo, su jefe de gabinete y otros en Estados Unidos por los presuntos delitos de soborno y lavado de dinero, las autoridades bolivianas tejieron una serie de versiones sobre los procesos que se le siguen en el país e inmediatamente referir el pedido de extradición.
El canciller Rogelio Mayta, al respecto, sostuvo que la justicia estadounidense definirá la procedencia o no del requerimiento boliviano. El procurador general del Estado Wilfredo
Chávez dijo que, una vez que cumpla la condena que le imponga la justicia de EEUU, se podrá gestionar la extradición de la exautoridad.
“El Gobierno está actuando dentro de una lógica absolutamente política, no en base a una lógica jurídica”, señala el abogado constitucionalista Paul Antonio Coca.
Agrega que, en la lógica jurídica, se ha establecido —particularmente con Estados Unidos— que la extradición procede una vez que las personas requeridas cumplan su condena en ese país, y no antes.
La politóloga Patricia Velasco es más incisiva y cuestiona el porqué no se informa lo que establece el tratado entre Bolivia y Estados Unidos, que a la letra dice cuándo procede una solicitud de extradición.
“El Estado requerido podrá aplazar la entrega de una persona contra quien se haya iniciado procedimiento judicial o que esté cumpliendo una condena en ese Estado. El aplazamiento se prolongará hasta que haya concluido el procedimiento judicial de la persona reclamada o hasta que ésta haya cumplido la condena, si la hubiera”, refirió Velasco al citar el inciso 2 del artículo XI del Tratado de Extradición que hay entre Bolivia y EEUU.
“Por lo tanto, no se tiene que especular sobre este tema. El Tratado es claro, Murillo será entregado a Bolivia una vez que cumpla su condena”, enfatizó.
El abogado penalista Ramiro Cárdenas señala que no es la primera vez que sucede esta acción en la devolución de ciudadanos bolivianos con condena en Estados Unidos.
Otros casos
“(Luis) Arce Gómez, Roberto Suárez Roca, René Sanabria fueron devueltos al país después de cumplir condena en el país del norte”, dijo.
El exgeneral René Sanabria, quien dirigió la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), fue devuelto por Estados Unidos, donde cumplió una condena de nueve años de prisión.
El exministro del Interior Luis Arce Gómez, clave de una cruenta dictadura de la década de 1980, llegó al país en julio de 2009 y fue inmediatamente trasladado a Chonchocoro.
Cumplió en Estados Unidos, la mitad de una condena de 30 años por narcotráfico, y tras un año de intenso trámite se logró su extradición a Bolivia.
Roberto Suárez Roca, alias Techo de Paja, pagó una condena de 20 años en EEUU por narcotráfico, después de pagar su pena fue enviado a la cárcel de San Pedro para cumplir una condena de 15 años.
Responsabilidad
El constitucionalista Coca señala que, dentro de la lógica política del Gobierno, lo que quiere mostrar “internamente es que ellos (el Gobierno) solicitan la extradición”.
“Y si algo fallara, por supuesto que van a echar la culpa a Estados Unidos, el Imperio, y no se olvide que muchos parlamentarios, asambleístas del MAS no bajan a EEUU de ser un país conspirador”, aseguró el legista.
Jueza omitió pasos para extradición
La directora general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Claudia Barrionuevo, reconoció que la autoridad jurisdiccional omitió algunos aspectos que requieren establecerse en el exhorto suplicatorio para la extradición del exministro de Gobierno Arturo Murillo.
Refirió que la jueza Claudia Castro, autoridad jurisdiccional, no cumplió con todos los elementos que se requieren, como la traducción al inglés y la legalización de varios documentos, pero que ahora se coordinó con la Fiscalía General para subsanar estos detalles.
Pasos que obvió el TSJ están claros en el Tratado
Legistas cuestionaron los errores procedimentales en que incurren las instancias jurisdiccionales al plantear el exhorto suplicatorio para extraditar al exministro de Gobierno Arturo
Murillo, pese a que el Tratado de Extradición entre Bolivia y Estados Unidos estipula todos los pasos a seguir.
“Es lamentable que suceda esto, pero ni siquiera la solicitud de extradición estaba en el idioma requerido. Eso pasa cuando se pone gente en diversos cargos, tanto del Órgano
Ejecutivo como Judicial, que no tienen idea absoluta de ese cargo. En Bolivia no existe meritocracia, los mejores no está en cargos”, sostuvo el abogado constitucionalista Paul Antonio Coca.
El inciso 2 del artículo VII del tratado establece que “todos los documentos presentados por el Estado requiriente deberán ir acompañados de una traducción, a su cargo, al idioma del Estado requerido”.
Asimismo, señala que “los documentos que acompañen la solicitud de extradición se admitirán como prueba cuando estén certificados y legalizados por el principal agente diplomático o consular del Estado requerido en el Estado requirente. Además, en el caso de una solicitud de la República de Bolivia, los documentos serán legalizados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, y en el caso de una solicitud de los Estados Unidos de América, serán certificados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América”.
“Si la solicitud de extradición que se refiera a una persona imputada por la comisión de un delito, deberá ir acompañada del original o copia certificada del mandamiento de detención emanado de autoridad judicial competente, junto con copia certificada del documento de imputación y las pruebas”.