Tras conocerse que la OEA ratificó su conclusión de auditoría electoral de 2019, que dio curso a la denuncia de fraude en esos comicios, el Gobierno desconoció este lunes ese trabajo y, al igual que la Fiscalía, dio validez a un reciente informe de tres consultores españoles que indicaron que no hubo manipulación del cómputo en ese proceso electoral.
A través de un comunicado emitido por la Cancillería, el Gobierno señaló que “se ratifica la validez e importancia del peritaje requerido por la Fiscalía General del Estado a la Universidad de Salamanca, realizado dentro de un proceso judicial que soberanamente lleva adelante el Estado boliviano en el marco de su legislación, de carácter controversial, abierto a todo medio probatorio, que resguarda los derechos y garantías entre las partes y que no es cuestionable bajo ningún argumento del Señor (Luis) Almagro. La auditoría que defiende el Secretario General fue realizada sin cumplir con el acuerdo suscrito con el Estado boliviano y terminó siendo un proceso unilateral y parcializado con conclusiones erróneas y forzadas”.
En julio, el fiscal general Estado señaló que, luego de la pericia encomendada al “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE”, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca-España, se demostró la inexistencia de una manipulación en el proceso electoral, aunque sí hubo “negligencia” por parte de la empresa Neotec, encargada del sistema de transmisión rápida de los resultados de las elecciones de 2019. Sobre la base de ese informe y en desconocimiento de la auditoría de la OEA, dictó el sobreseimiento del caso fraude electoral que había sido abierto.
En medio de esa situación, en esta jornada, la Organización de los Estados Americanos (OEA), emitió un comunicado, en el que ratificó las conclusiones de su informe que en 2019 halló “manipulación dolosa” en el cómputo de los comicios electorales en los que ganó Evo Morales, quien luego de denuncias de fraude renunció a la Presidencia. Al margen de ratificar esa posición, la OEA recordó al Estado boliviano que el acuerdo que suscribieron, definió que el resultado iba a ser vinculante para ambas partes. “Las permanentes violaciones al acuerdo dejan en claro la falta de apego a los compromisos adquiridos en el marco del Sistema Interamericano”, advirtió.
En 2019, había sido el gobierno del entonces presidente Evo Morales que pidió a la OEA que realice la auditoría electoral. “El Estado boliviano firmó de buena fe un acuerdo con la OEA, y lo cumplió a cabalidad hasta que Luis Almagro lo violentó haciendo declaraciones unilaterales sobre resultados, sin que haya concluido la auditoría electoral e incumpliendo con el procedimiento previsto en dicho acuerdo, expidiendo un informe preliminar no contemplado y habiendo forzado gravemente la verdad para producir un quiebre constitucional en el país, el cual produjo la lamentable pérdida de decenas de vidas humanas”, señaló la Cancillería este lunes.
Además, indicó que las declaraciones emitidas por Almagro, respecto a la situación de Bolivia sobre este caso, se constituyen en un acto de injerencia en asuntos internos en la administración de justicia de este país, cuestionando un proceso de investigación penal a cargo del órgano judicial boliviano y que no está concluido. “Por ello, el Estado boliviano rechaza este tipo de afirmaciones señalando que es un Estado democrático en todo su accionar y las palabras y agresiones del señor Almagro en su comunicado parecen más bien estar dirigidas otra vez a coordinar procesos de desestabilización en Bolivia. Se le advierte que no se permitirá un nuevo intento de acciones desestabilizadoras y se pone en alerta a la comunidad internacional”.
En ese sentido, la Cancillería, en su comunicado, señaló que las palabras de Almagro no son objetivas, sino parcializadas y malintencionadas, que inclusive podría tener responsabilidades de las cuales solo lo estaría protegiendo la investidura que ostenta, por lo que sus opiniones dentro de este caso específico son un atropello a la soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia.
Por ese motivo, el Estado boliviano advirtió que deja constancia expresa de esa actitud y anunció que denunciará esta conducta ante instancias pertinentes de la organización, sin perjuicio de las responsabilidades personales que puedan establecerse por la gravedad de los hechos.