Más de 500 indígenas instalaron este martes el bloqueo de la carretera entre San Ignacio con San Borja, en Beni, para exigir al Estado la atención a un pliego de ocho puntos.
“Todas estas justas y legítimas demandas deben ser cumplidas a la celeridad posible y no descansaremos hasta que cada una de ellas sean atendidas. El problema de un territorio es el problema de todos los territorios”, señala el documento emitido por los movilizados.
El bloqueo comenzó este domingo por la tarde, después de una marcha que realizaron en conmemoración de los 31 años de la Primera Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad, en la comunidad de Puerto San Borja.
La movilización se origina a partir de la demanda del Territorio Indígena Multiétnico (TIM I) a las instancias estatales de dar viabilidad a su proceso autonómico. A esta, se sumaron el Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI), la Central Río Cercado Mamoré, la Subcentral de la Comunidad Bella Selva, la Subcentral del Pueblo Indígena Movima (SPIM), la Subcentral de Mujeres Movima (SMIM), la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) de Santa Cruz, el Gran Cabildo Indigenal de San Ignacio de Mojos, la Subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el Territorio Indígena de la Nación Cavineña, el Territorio Indígena Chimán (TICH), que añadieron a la plataforma otras demandas referidas a: derechos y representación política, tierra y territorio, la abrogación del Plan de Uso del Suelo (PLUS) del Beni, la defensa del TIPNIS, obras públicas y acceso a servicios básicos, así como el cumplimiento de sus derechos en acceso a salud y educación.
Sobre autonomías indígenas y autogobierno, las y los indígenas movilizados demandan la modificación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización a fin de permitir el ejercicio de sus gobiernos autónomos; el reconocimiento del OEP a la aprobación del estatuto autonómico de la Nación Monkoxi de Lomerío (Santa Cruz) que se realizó en diciembre de 2020, la instalación de una comisión intergubernamental para la participación de los pueblos indígenas en la construcción de una nueva Ley de Gestión Pública Plurinacional e Intercultural, la modificación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, y la restitución de los POA de los distritos municipales del TIM I y del TIMI.
En cuanto al reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas, la demanda solicita la construcción de un mapa censal que incluya a las comunidades de los 242 territorios indígenas reconocidos a nivel nacional y los 58 de las tierras bajas de Bolivia, además de la inclusión de la consulta sobre la autoidentificación étnica en la boleta para el Censo de Población previsto para el 2022, entre otros.
En los reclamos en derechos y representación política, los indígenas piden la modificación de la Ley del Régimen Electoral con el establecimiento de sanciones para las autoridades que no respeten la elección de los subalcaldes y representantes indígenas, y para el reconocimiento de las normas y procedimientos propios en el ejercicio de la función pública, entre otros.
El cuarto punto de la plataforma demanda la solución de los conflictos agrarios pendientes, la entrega de los títulos ejecutoriales y la culminación de los procesos agrarios pendientes de los territorios; y el quinto se refiere a la abrogación del PLUS Beni y exigen la participación de los pueblos indígenas en la construcción de una nueva norma, en cumplimiento a su derechos a la participación y la consulta previa, libre e informada; y en el sexto ratifican la defensa del TIPNIS y su decisión de no permitir la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Mojos, así como el desalojo de avasalladores, el reencause de la gestión compartida con el Sernap.
Mientras que los puntos siete y ocho de la plataforma reclaman infraestructura en servicios básicos y agua potable, el cumplimiento de los compromisos referidos a la vinculación caminera entre comunidades, electrificación, vivienda e infraestructura y el acceso a los derechos de salud y educación.