Dirigentes del Comité y autoridades de la Uagrm se reunieron ayerDirigentes del Comité y autoridades de la Uagrm se reunieron ayer
El Gobierno justifica la acción judicial y el MAS la apoya. El rector Cuéllar aseguró que se trata de una estrategia “para cortarle las manos y los pies”, en un momento en el que organiza una alternativa política. Activistas piden aprobar medidas.
La Fiscalía repuso esta semana el caso por los 36 días de paro por el censo. Por eso, pidió al Juez Primero Anticorrupción de La Paz que ordene el arresto domiciliario contra el expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz Rómulo Calvo; el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar; el vicerrector, Reinerio Vargas, y el asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan.
Los sindicados reaccionaron ayer y alertaron de “una manipulación política” contra las instituciones de Santa Cruz y los derechos ciudadanos de la libre expresión y la protesta. “Se trata de una acción por encargo, en un momento en el que está surgiendo una propuesta ciudadana. Nos quieren cortar los brazos y pies, pero no lo van a lograr”, advirtió Vicente Cuéllar, quien anunció su intención de articular una propuesta política “sin los partidos tradicionales” con la perspectiva de acudir a las elecciones presidenciales prevista para 2025.
El proceso fue activado por el ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta, un líder afín al gobierno del presidente Luis Arce. “Hemos sido imputados por denunciantes que no han estado ni siquiera presentes en Santa Cruz, cuando el pueblo asumió la responsabilidad de exigir un derecho constitucional, que era el Censo de Población y Vivienda”, protestó Calvo ayer.
La Fiscalía planteó por este caso una primera imputación por los delitos de terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución, racismo, discriminación y atentados contra la libertad de trabajo y ayer solicitó al juez ampliar el caso a los cargos de asociación delictuosa, perturbaciones”, entre otros, según el documento legal.
“Se va a respetar el debido proceso y lo que corresponde en un proceso penal es que, posterior a la imputación, se dé una etapa preparatoria que suele durar, por mandato legal, seis meses. Están invitados, con todas las garantías del debido proceso, quienes han cometido hechos que nosotros consideramos delictivos y que han afectado la tranquilidad del pueblo boliviano y del pueblo cruceño “, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima, a los periodistas.
Pero, el primer imputado por estos delitos fue el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. De hecho, ese mismo juzgado aceptó el pedido de detención preventiva en el penal de Chonchocoro que planteó la Fiscalía. Esa visita judicial se produjo cuando Camacho ya estaba detenido en ese panóptico, pero acusado por supuesto golpe de Estado de noviembre de 2019, cuando Evo Morales renunció.
“Las dictaduras, cuando menos respaldo ciudadano tienen, se vuelven más violentas y duras. Estamos ante el final del masismo autoritario. Mi solidaridad con Rómulo Calvo, Vicente Cuéllar, José Luis Santiestevan y Reinerio Vargas, con quienes unimos fuerzas y defendimos, junto al pueblo cruceño, nuestro derecho a un censo bien realizado y oportuno”, escribió el gobernador de Santa Cruz en su cuenta en X.
Por la tarde, el vicerrector se reunió con activistas. Aprobaron, en el marco de la Coordinadora por la Democracia, un manifiesto de ocho puntos con el que mantendrán la vigilancia al censo, exigirán un nuevo padrón y pedirán a los cívicos que se llame a la Asamblea de la Cruceñidad para asumir medidas de hecho.