Mediante una mesa técnica para tratar la escasez del dólar, la Sociedad de de Ingenieros de Bolivia, emitió seis conclusiones para el sector.
Ante la escasez del dólar y su impacto en el sector de la construcción, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, departamental de Santa Cruz, piden al Gobierno, un incremento mínimo del 15% en contratos públicos y así evitar una “desestabilización económica” en el área constructiva.
“Se torna necesario un reajuste de precios en las licitaciones en curso, similar al realizado durante el periodo 2008 – 2009, con un incremento mínimo de 15% para lo cual se requiere contar con normas nacionales que amparen la modificación de contratos existentes que refleje los incrementos de costos en las obras”, señala parte del comunicado.
Mediante una mesa técnica para tratar la escasez del dólar, la Sociedad de de Ingenieros de Bolivia y en coordinación con otras instituciones y colegios de especialidades, han desarrollado un análisis con la conclusión de 6 puntos enmarcados en esta temáticas económica. La reunión se llevó a cabo en la ciudad de Santa Cruz.
Entre las conclusiones, el sector asegura que la falta de dólar está afectando en una limitación en la importación de materiales propios de la construcción “como aditivos, asfalto y el mismo fierro que se tiene que importar de Brasil, Perú y otros países”. Además, señala que este problema genera un alza de precios que llegan al 25% en “ascensores, bombas de agua, asfalto, alquitrán y otros”.
Además, el sector constructor pide impulsar la contratación de profesionales bolivianos en proyectos de macro, “evitando la fuga de cerebros que en este momento tiene el país”. Como así la priorización de adjudicaciones a compañías nacionales, evitando la “fuga de divisas”.
Otro punto que pide el sector de la construcción es facilitar el acceso al financiamiento por parte del sector financiero de la banca nacional, “para créditos destinados a la construcción y adquisición de viviendas”
Finalmente, piden la actualización de la legislación referida a la contratación de bienes y servicios, con el propósito de promover “transparencia y puntualidad” en los pagos.