El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional presentó un proceso en contra de Jeanine Añez Chavez, expresidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, José Luis Parada Rivero, exministro de Economía y Finanzas Públicas y Guillermo Aponte Reyes Ortiz, expresidente Ejecutivo del Banco Central de Bolivia(BCB).
Se los acusa por los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes (Articulo 153), Conducta Antieconómica (Artículo 224) e Incumplimiento de Deberes (Articulo 154), por la gestión de un préstamo ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el mes de marzo de 2020.
El Ministerio de Economía, en coordinación con el Banco Central de Bolivia, gestionó un préstamo ante el FMI, en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), que no fue aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional como señala el Artículo 158 de la CPE.
A pesar de no estar aprobado, el Decreto Supremo N° 4277 de 26 de junio de 2020, dispone la transferencia de Bs 2.244.356.358,48. Según el proceso presentado esto generó un daño patrimonial al Estado de 24.3 millones de dólares estadounidenses de los cuales 19,6 millones fue por variación cambiaria y 4,7 millones producto de comisiones e intereses.
Los hechos
El 18 de marzo de 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas envió una nota solicitando el préstamo al FMI. En fecha 17 de abril de 2020, el directorio del FMI decide aprobar la solicitud de aproximadamente US$ 327 millones.
El 20 de abril de 2020, Jeanine Añez envía a Eva Copa, presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el proyecto de Ley que aprueba la contratación de crédito externo del FMI, para atender los efectos y acciones necesarias para la prevención, contención y tratamiento del COVID-19, pero no entrega la documentación indispensable para su tratamiento, por lo que es rechazado por unanimidad en la asamblea legislativa.
El gobierno de Añez, sin recibir la aprobación de la Asamblea Legislativa, realiza las gestiones para que el 21 de abril de 2020, el FMI transfiera el monto al Ministerio de Economía, ese mismo día el ministro Parada firma un pagaré no reembolsable por el monto de Bs. 2.282.474.267.10 a favor del FMI.
Mientras tanto, en la ALP, el 13 de mayo de 2020, la diputada Otilia Choque Veliz, Presidenta de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas, solicita al gobierno de Añez los documentos necesarios para la aprobación del Proyecto de Ley N° 655/2019-2020, ya que no se adjuntaban en la solicitud. Estos documentos no fueron enviados, a pesar de emitir reiteradas solicitudes.
Pese a que la Asamblea Legislativa Plurinacional no aprobó el crédito otorgado por el FMI, el 26 de junio de 2020, Jeanine Añez y su gabinete de Ministros promulgan el Decreto Supremo N° 4277, que dispone:
“(…) ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto disponer la transferencia de los recursos de la asistencia otorgada bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido – IFR del Fondo Monetario Internacional – FMI, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como apoyo presupuestario para el Tesoro General de la Nación – TGN.
Devolución del préstamo
En febrero de 2021, el BCB devolvió el préstamo de US$327,7 millones, ya que fue «gestionado irregularmente por el gobierno de facto en abril de 2020”. Según un comunicado de la institución «este préstamo, además de ser irregular y oneroso por las condiciones financieras, generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado Boliviano».
El presidente del BCB, Edwin Rojas, afirmó que el Gobierno estaba actuando “en defensa de su soberanía nacional”, ya que el apoyo del FMI venía condicionado por determinadas políticas económicas, y la Constitución prohíbe admitir metas y disciplinas económicas impuestas por instituciones extranjeras. ?
«El denominado Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del FMI condicionó a una serie de imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias con el FMI», se lee en el comunicado del BCB.
(Oxígeno.Bo)