Miles de partidarios tanto del izquierdista Pedro Castillo como de su rival Keiko Fujimori marcharon este sábado en simultáneo en Perú para apoyar a sus candidatos y defender sus votos.
En diversos puntos del país, pero sobre todo en Lima, los ciudadanos de uno y otro bando portaban prácticamente los mismos símbolos -omnipresentes las banderas y los colores de Perú- y coreaban eslóganes muy parecidos en defensa de la patria, el voto y la democracia, pero con visiones radicalmente opuestas de su significado.
Por un lado, se exigía el respeto a los resultados del domingo 6 de junio, se protestaba ante los intentos fujimoristas por revertir los resultados con maniobras legales y, fundamentalmente, se alertaba y prevenía de los actos y llamados de sectores de la derecha para evitar la proclamación del maestro rural como presidente de Perú, aunque eso suponga violar el orden constitucional.
Desde el otro lado se pedía, bajo el categórico lema “respeta mi voto”, proteger al país del “comunismo”, “exigir la verdad” sobre las elecciones y combatir “el fraude electoral”.
Ante la tensión de la jornada, el Ministerio del Interior desplegó 3.000 policías para evitar incidentes entre los manifestantes de uno y otro bando, si bien no hubo ningún altercado pese a que en Lima ambas marchas coincidieron en el casco histórico de la ciudad.
Fujimori protagonizó la marcha en la capital, tal y como ya hizo la semana pasada, en esta ocasión acompañada por la plana mayor de su partido y los más estrechos aliados de su campaña para instalar la idea de fraude electoral, como la también ex candidata presidencial derechista Lourdes Flores, que se ha erigido como una de sus principales voceras. Tanto Fujimori como Flores están involucradas en la investigación del esquema Lava Jato.
No existe ninguna prueba fehaciente de que en las elecciones peruanas se haya cometido fraude alguno, explicaron los grupos de observadores internacionales que acompañaron todo el proceso, entre ellos los enviados por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Todos estas reclamaciones ya han sido rechazadas en primera instancia por los Jurados Electorales Especiales (JEE), la mayor parte de ellas por defectos formales (falta de pago de tasas o por haber sido presentadas fuera de plazo) pero también por que no existe prueba alguna que las sustenten.
El ajustado resultado no es novedad en Perú. En 2016 el ganador de las presidenciales, Pedro Kuczysnki, también venció a Keiko Fujimori por más de 41.000 votos. Esa vez, la derechista aceptó a regañadientes el triunfo de Kuczynski cinco días después de las elecciones. Si Fujimori pierde esta vez, será su tercera derrota tras postular sin éxito en 2011 y 2016. La candidata también afronta una acusación fiscal por lavado que podría conllevar 30 años de prisión, aunque el caso se congelaría si ella alcanza la presidencia.
Ante miles de simpatizantes, Fujimori repitió sin embargo sus tesis de fraude que defiende desde que en la noche electoral comenzó a ser patente que iba a perder la votación y sus exigencias al JNE para que acepte revisar todos sus reclamos, incluso aquellos que llegaron fuera del plazo legal.
“Estamos con la voz firme pidiendo que se respete nuestro voto”, afirmó la candidata antes de añadir que ella no iba a aceptar “que se roben nuestros votos”. “Buscamos conocer la verdad, y por eso pedimos que se analicen las actas, que no nos pongan excusas”, insistió Keiko Fujimori.
Flores, asesora legal de Fujimori, dio un paso más allá y afirmó que esta había ganado la votación, que les habría sido arrebatada, y aprovechó para llamar directamente ladrón al responsable del Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corveto.
La marcha a favor de Castillo, que no participó en la movilización, también congregó a miles de simpatizantes en Lima. Quedó en manos de varias organizaciones civiles y políticas, entre ellas grupos de ronderos (milicias de autodefensa campesina) y campesinos que llegaron a Lima para apoyar al candidato izquierdista.