La falta de institucionalidad y la carencia de una voluntad política en el Gobierno impiden realizar la reforma judicial planteada por el ministro de Justicia, Iván Lima, y mientras esta situación se mantenga, esta reforma será una falacia, según el criterio del expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia y del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Arturo Yáñez.
«El tema de la reforma creo que definitivamente no va a haber, así como están las cosas, porque falta el ingrediente principal que es voluntad política», sostuvo en Diálogos al Café.
Indicó que, aunque el ministro Lima empezó «muy bien» la gestión en el ministerio de Justicia con la intención de la reforma judicial, el tema «se desinfló» debido a la falta de voluntad política de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Destacó la importancia de la labor imparcial de un juez en un proceso porque cuando hay dos partes con intereses contrapuestos «se necesita de un tercero imparcial que no esté comprometido ni con uno ni con otro, para que resuelva el conflicto y diga ‘esto es blanco o es negro'».
Cuestionó al órgano judicial porque no pone límites al ejercicio del poder «y no solo estar del brazo del poder político partidario, sino de otro tipo de poderes fácticos como puede ser el dinero, el amiguismo, los consorcios o hasta el poder de los medios».
Explicó que si un juez toma determinaciones por temor a ser criticado pierde la independencia, que es su razón esencial. «Si no es independiente, no es juez, es cualquier cosa disfrazado de juez».
Agregó que esta carencia de voluntad política es característica la clase política boliviana que no tienen la suficiente madurez para ver que la falta de un sistema de justicia confiable incide en la capacidad de atraer inversiones, por ejemplo.
«Ningún inversor que tiene un millón de dólares se va arriesgar a invertir ese millón si sabe que los tribunales no le van a garantizar seguridad jurídica, entonces nos estamos baleando a los pies de esa madera», dijo Yáñez.
Además de la falta de institucionalidad, el experto en derecho identificó también la deslegitimidad de los altos cargos del órgano judicial, incluido el del Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, como parte del problema para una reforma judicial en el país.
Agregó que muchas leyes no funcionan debido a la falta de legitimidad en el país. «No hay ese grado de institucionalidad en el país que permita atenernos a la ley, pase lo que pase y que haya tribunales que también resuelvan de esa manera, pase lo que pase, lamentablemente».
Al asumir el cargo, el ministro Iván Lima anunció que su primer objetivo sería la reforma judicial, para ello conformó un «consejo de notables», que finalmente no funcionó. En febrero, Lima admitió que el proceso estaba en pausa, pero no era «un fracaso».