El juicio penal contra el exdirigente cívico de Santa Cruz Rómulo Calvo; la audiencia contra el gobernador de esta región, Luis Fernando Camacho, para definir si sigue en su cargo, y el proceso por presunto golpe I son mecanismos que utiliza el gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS) para debilitar y acabar con la institucionalidad cruceña con miras a comicios electorales próximos, según analistas y legisladores de oposición.
“De un tiempo a esta parte, el gobierno del MAS se ha dado a la tarea de destruir las distintas instituciones que son críticas, opositoras o que no comulguen con el pensamiento de este partido, y eso es lo que está haciendo con Santa Cruz: busca debilitar, destruir la institucionalidad cruceña, que es la fortaleza de esta región con el objetivo de tener el control total”, dijo el abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero.
El rol contestatario que ha asumido el departamento oriental, que toma un protagonismo en 2019 al “denunciar el fraude electoral”, y toma la conducción de las movilizaciones democráticas y pacíficas, incomoda al poder.
En la gestión de Luis Arce, ese rol contestatario al Gobierno se ha producido en 2021 sumándose a las manifestaciones en contra de la ley de legitimación de ganancias ilícitas, hasta que la norma fue abrogada. En 2022, Santa Cruz emprendió 36 días de paro para que el censo se realice en 2023. Ahora, tras la detención del gobernador Camacho, esa región emprendió una nueva etapa de protestas.
Estrategia
El senador Henry Montero, de la alianza Creemos, refiere que el gobernante masista tiene una “receta conocida”, que es la de buscar la “desinstitucionalidad” en diversas áreas.
“Esta receta conocida es descabezar a todo sector o grupo disidente, opositor crítico, ahora con particular atención a Santa Cruz, con ataques a sus instituciones cívicas, a su gobernación, entre otros”, manifestó el legislador de oposición.
Recordó que el masismo siempre actuó en el debilitamiento o división de las instituciones u organizaciones sociales.
“Lo hizo con la Asociación Departamental del Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas de La Paz, la Conamaq, los médicos… se pueden enumerar muchas más, pero (hay que) dejar en claro (que lo que busca) es tener el control total de todo”, agregó.
Venganza
El abogado Goitia, con relación al proceso contra Camacho, señaló que se trata de una venganza contra la autoridad y el exlíder cívico.
“Pareciera que el Gobierno no entiende que una persona detenida preventivamente no es una persona condenada, lo único que pierde es la libertar de circulación, pero sus otras libertades y derechos están vigentes, pero buscan forzar al sistema de justicia para desestabilizar a la Gobernación”, sostuvo.
Definen situación de Camacho
En esta jornada, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, deberá enfrentar, desde el penal de Chonchocoro de La Paz, una audiencia de acción de cumplimiento, en la que vocales cruceños deberán definir si se mantiene en el cargo o si es sustituido por el vicegobernador Mario Aguilera, a solicitud de asambleístas departamentales del MAS, por considerar que no puede desempeñar sus funciones cuando permanece privado de libertad.
Ven que proceso contra cívico no tiene sustento
En la víspera estaba programado el inicio de juicio oral contra el exlíder cívico de Santa Cruz Rómulo Calvo por el presunto caso de “agravio a la wiphala”, pero la audiencia quedó suspendida debido a la inasistencia de los diputados demandantes del Movimiento Al Socialismo (MAS). La audiencia fue postergada para el 8 de marzo.
“Lamentablemente, éste es un proceso que no tiene fundamentos, no existe base alguna para querer condenar a una persona que no tiene conducta delictiva y lo único que se busca con este proceso es la interpretación caprichosa de un juez”, señaló el abogado Carlos Alberto Goitia.
“Han buscado y han unido un montón de notas de prensa, con la idea de hacerme un proceso por ultraje al símbolo patrio, por discriminación, por racismo, como actúa el Gobierno. (Quiero) decirles que no tengo muy buenas expectativas, porque los jueces y fiscales son funcionales al Gobierno”, declaró Calvo a su ingreso a la audiencia. Agregó que “esto es una mentira, no estaba ni presente por lo que se me está acusando”.